La jueza de instrucción Alejandra Provítola amplió el procesamiento contra tres supuestos dirigentes sociales, uno ligado a la agrupación Barrios de Pie, que captaban a personas en situación de vulnerabilidad para otorgarles planes sociales y quedarse con la mitad de lo recibido.

Los procesados son José Roberto Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Alberto Gil, este último se desempeñó como empleado del Gobierno bonaerense y titular de la Sociedad de Fomento San Pedro, en Berazategui, entidad a través de la cual se canalizaban gran parte de las captaciones y pagos.

Los imputados ya habían sido procesados en 2019 por lo que hoy aparece como la punta del iceberg de esas defraudaciones.

“Mirá que así como la ingresó en el plan, la saca”. La advertencia salió del teléfono de “Jota” hacia K., una beneficiaria de un plan social que, al parecer, no cumplía con las condiciones para mantenerla activa en el programa Argentina Trabaja.

¿Cuáles eran las condiciones? Entregar la mitad de lo que cobraba, ir a las marchas y traer más interesados.

“Si bien hasta el momento se han identificado 25 víctimas, se desconoce el tenor y la incidencia de la organización criminal a la que pertenecen los imputados. Rognoni, Heft y Gil podrían colaborar con quienes aún no fueron identificados hasta el momento como imputados, para dificultar su individualización”, dijo la jueza a la hora de justificar la detención.

“Asimismo, los aquí procesados amenazaron a las víctimas ya identificadas, además de extorsionarlas para lograr la concreción y el provecho de los delitos que las damnificaron, de modo tal que las medidas cautelares a imponer deben impedir que los damnificados sean hostigados”, cerró la letrada.

Caso “Chocolate”

Lo curioso es que esta historia tiene un origen similar al de Julio “Chocolate” Rigau, quien cayó el 9 de septiembre pasado en el cajero ubicado en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata con 49 tarjetas de débito, $1.200.000 en efectivo y decenas de recibos.

La Justicia estableció que las tarjetas pertenecían a “ñoquis” de la Legislatura bonaerense y terminaron también presos el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, Facundo Albini.