El Gobierno nacional busca llevar al Congreso una agenda vinculada con la seguridad y la lucha contra el delito, un tema que aparece entre los ejes que el oficialismo pretende instalar de cara a 2027. En ese marco, la diputada de La Libertad Avanza por Corrientes Virginia Gallardo presentó un proyecto que plantea una reforma parcial del Código Penal y propone endurecer las consecuencias para algunos de los delitos considerados más graves.
La iniciativa fue elaborada con el acompañamiento de Laura Rodríguez Machado, Carolina Basualdo, Nancy Picón Martínez, Pamela Verasay, Gladys Medina, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo y Gabriela Flores, pertenecientes a LLA, la UCR y representaciones provinciales de San Juan y Tucumán.
Los principales puntos de la medida
Uno de los principales puntos del proyecto establece que los delitos que tengan prevista la prisión perpetua no puedan prescribir. Para eso, las legisladoras proponen modificar el artículo 62 del Código Penal e incorporar el 62 bis, con el objetivo de que el Estado conserve la posibilidad de iniciar la acción penal sin límite temporal en esos casos. La misma lógica se trasladaría al cumplimiento de las condenas. La propuesta incorpora el artículo 65 bis y modifica el 65 para impedir que prescriba la ejecución de una pena perpetua una vez que existe una sentencia firme.
Actualmente, según los fundamentos de la iniciativa, las penas perpetuas cuentan con un plazo de prescripción de 20 años. Las autoras consideran que ese mecanismo puede generar una contradicción: que una condena correspondiente a los delitos más graves pierda la posibilidad de ejecutarse únicamente por el paso del tiempo.
Para respaldar el planteo, el proyecto menciona un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Price, Brian Alan y otros s/ homicidio simple”. Allí, el máximo tribunal sostuvo que corresponde al Congreso establecer el régimen de prescripción teniendo en cuenta criterios como la seguridad jurídica, la economía procesal y el interés general.
La iniciativa también modifica otros períodos de prescripción. Para los delitos castigados con prisión temporal, propone elevar el límite máximo de 12 a 15 años. En los casos sancionados exclusivamente con inhabilitación temporal, el plazo pasaría de uno a tres años. Además, busca separar dentro del Código Penal las reglas referidas a la suspensión y a la interrupción de la prescripción. El artículo 67 conservaría las causales de suspensión y se crearía el 67 bis para concentrar las causales de interrupción.
Entre las nuevas situaciones que suspenderían el cómputo aparecen el período durante el cual se encuentre vigente una suspensión del proceso a prueba y el tiempo destinado al cumplimiento de las condiciones establecidas en una conciliación o reparación integral. Para la interrupción, el proyecto incorpora la declaración de rebeldía y el pedido de extradición como circunstancias que impedirían que el transcurso del tiempo favorezca a una persona que se sustrae de la Justicia.
Más penas para los abusos sexuales
El tercer capítulo de la propuesta modifica los artículos 119 y 120, referidos a los delitos contra la integridad sexual. El objetivo es elevar los máximos de las penas correspondientes al abuso sexual simple, al abuso sexual gravemente ultrajante y al abuso sexual con acceso carnal, además de incrementar las sanciones en determinadas situaciones agravadas.
También se incorpora al apoyo designado judicialmente entre las figuras cuya relación con la víctima puede constituir un agravante, junto con otros vínculos de autoridad, confianza o cuidado contemplados por la legislación.
Por otra parte, el texto elimina las referencias a la pena de reclusión en los artículos modificados y utiliza únicamente el término prisión, como parte de una actualización de la terminología del Código Penal.
Para las autoras, los cambios apuntan a evitar que los delitos de mayor gravedad queden alcanzados por el paso del tiempo y a ampliar la respuesta penal frente a determinadas conductas, al mismo tiempo que buscan ordenar las reglas que regulan la prescripción.




