Entrevista exclusiva de #BORDER con la fiscal Alejandra Mángano, a cargo de la Protex, que realizó una guía de procedimientos para que las fuerzas de seguridad sepan cómo actuar en casos de explotación sexual o laboral, delitos que acumulan condenas en 270 casos en el país.

Las estadísticas indican que en Argentina se firmaron al menos 270 condenas por trata de personas, con unos 500 sentenciados por integrar estas organizaciones y más de 600 procesamientos resueltos. La mayor parte de estas investigaciones incluyeron allanamientos, etapa crucial a la hora del rescate, detención de acusados y recolección de prueba.

Sólo en los últimos meses hubo cinco allanamientos en Mendoza capital y las localidades de Las Heras y Junín en esa provincia, en los que se rescataron dos mujeres sometidas a trata sexual, con secuestro de dinero argentino y chileno. Otros se hicieron en Neuquén con tres detenidos y ocho mujeres rescatadas. En la provincia de Buenos Aires se allanaron departamentos en Tigre, Malvinas Argentinas, Pilar y Moreno y se desbarató una organización de trata que explotaba a siete jóvenes.

Evitar irrupciones violentas, transmitir seguridad y tranquilidad a las víctimas, separarlas de sus victimarios, buscar indicadores de explotación sexual o laboral, brindar desde el vamos un intérprete si el o la rescatada no comprenden el idioma local. Son aspectos que parecen obvios pero no lo son tanto a la hora de concretar estos procedimientos en casos de trata.

“La irrupción en un allanamiento es algo muy costoso para las víctimas y es necesario optimizar sus resultados para poder avanzar con los casos. Un allanamiento por trata es mucho más complejo que en un caso de droga, por ejemplo, en donde uno va a buscar una sustancia determinada. En un allanamiento de trata uno va a rescatar a una persona y a intentar registrar las circunstancias en las que esa persona estaba siendo explotada”,  explicó a #BORDER la fiscal federal Alejandra Mángano, responsable de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), junto a su par Marcelo Colombo.

Esos indicadores del delito “son los elementos que, junto con otros como tareas previas, agentes reveladores, escuchas telefónicas, testimoniales, el testimonio de la víctima, entre otros, van a permitir construir una correcta acusación”, agregó.

Estas recomendaciones se plasmaron en una “guía de buenas prácticas” para la realización de allanamientos en la investigación de los delitos de trata y explotación de personas, impulsada por los fiscales que investigan los delitos de trata y presentada esta semana junto a los Ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación. “El tema central es aumentar la eficacia de los allanamientos”, afirmó Mángano.

En la guía a la que accedió #BORDER se recuerda a las fuerzas de seguridad federales, por ejemplo, que si las víctimas son menores de 18 años, “se debe respetar siempre el interés superior del niño o niña”, atender las necesidades básicas de los rescatados, preservar su identidad, darles alojamiento seguro, asistencia médica, psicológica y jurídica y protección migratoria en caso de ser necesario.

Cuando se esté ante un posible caso de explotación laboral, hay factores clave a documentar en un allanamiento como “condiciones generales de higiene y seguridad”,  disponibilidad de agua potable o “posibilidad de libre ingreso o egreso de las víctimas” entre otros aspectos.

Entre las situaciones con que suelen toparse las fuerzas de seguridad y los investigadores cuando allanan sitios de explotación laboral están las vinculadas a los niños. “Buscan disimular rápidamente en el momento de una irrupción, diciendo que los chicos estaban jugando o haciendo otra cosa” cuando, en realidad, son víctimas de ese delito.

«El aseguramiento de los bienes es crucial para prevenir que se vuelva a cometer el delito y para garantizar las eventuales reparaciones a las víctimas”

La trata laboral es una explotación puertas adentro. “Generalmente en inmuebles disimulados, ocultos en viviendas particulares, no habilitados. No suele haber personas ajenas a la explotación allí”, explicó la fiscal.

“Una irrupción fuerte –durante un allanamiento- puede impedir registrar las actividades realizadas, quién hacía qué cosa”, apuntó. “La identificación y el aseguramiento de los bienes es crucial para prevenir que se vuelva a cometer el delito y para garantizar las eventuales reparaciones a las víctimas”, sostiene por su parte el informe.

Pero las situaciones más difíciles se dan en allanamientos por explotación sexual. “Por la propia dinámica del delito, suele haber personas mal llamadas ‘clientes’ que pueden ser pocos o muchos según las dimensiones del prostíbulo. En general es de noche, hay consumo de alcohol o drogas, las mujeres en situación de prostitución están desnudas o con muy poca ropa”, enumeró Mángano.

Ese cuadro vuelve “una situación difícil el momento de la irrupción, desde el punto de vista operativo la presencia de muchas personas en un lugar implica un riesgo alto. Por eso es fundamental la presencia en el lugar del programa nacional de rescate que toma contacto con las víctimas, se ocupa de llevarlas a un lugar separado del resto, ofrecerles su ropa y luego conversar con ellas”.

“La naturaleza encubierta de mucha actividad de tráfico, los altos niveles de trauma e intimidación con los que generalmente se asocia, la desconfianza de la aplicación de la ley y una falta de conciencia entre muchas personas que han sido víctimas de trata en cuanto a sus derechos legales y su estado como víctimas son solo algunos de los factores reconocidos para explicar universalmente las bajas tasas de identificación de víctimas en este tipo de procedimientos”, se informa en la guía.

En las investigaciones por trata de personas “lo central es el rescate de la víctima y su posterior acompañamiento, pero también debe garantizarse que cese el delito que viene sucediendo en un determinado lugar de explotación y procurar obtener pruebas suficientes para poder llevar a juicio a los implicados o a la organización encargada de la investigación”, agregó Mángano.

“Si mi objetivo como fiscal es recabar elementos de prueba para ir a juicio oral y lograr una condena contra los tratantes, no solo no puedo desconocer los objetivos de la asistencia, sino que tengo que favorecerlos y velar por ellos. Lo mismo para las fuerzas: no puedo seguir adelante con una investigación, desconociendo que el delito sigue en curso de ejecución y que las mismas u otras víctimas están siendo explotadas en el mismo lugar”, concluyó la fiscal.