Una mujer domiciliada en la localidad bonaerense de Tapalqué denunció penalmente a su pareja, Rodrigo Carrica, por violencia de género y publicó un video en las redes sociales para exponer su situación.
En la grabación, realizada por ella, se observan agresiones verbales y golpes propinados por el acusado mientras manipulaba el teléfono celular de la víctima para eliminar y bloquear contactos de sus redes sociales.
A raíz de la agresión, la denunciante sufrió contusiones visibles en la zona del rostro, hematomas en ambos ojos, brazos y espalda.
La mujer relató, en diálogo con Todo Noticias, que conoció al sospechoso hace cuatro años y que su vínculo estuvo signado por conductas reiteradas de sometimiento, control de amistades e intimidaciones que se agravaron con el transcurso del tiempo.
“No encontraba herramientas ni entraba en conocimiento de lo que estaba sucediendo. Me cegué totalmente hasta dejar de ser yo”, detalló. Sin embargo, en los primeros días de octubre, realizó la denuncia.
Los reclamos por demoras judiciales
La investigación quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Azul, bajo la titularidad del fiscal Marcelo Fernández.
Si bien el Ministerio de Seguridad le otorgó un botón antipánico y fijó una medida de restricción perimetral contra el agresor, Carrica permanece en libertad hasta el momento. Esto genera temor en la víctima al momento de retomar sus actividades laborales e itinerarios habituales.
“No sé dónde está él, seguro resguardado con su familia. Yo no sé si salir a la calle porque, aunque tenga el botón, hasta que lo activo y llega la policía, puede pasar cualquier cosa”, expresó.
Además, la víctima tiene un hijo de cinco años, quien, si bien no comprende mucho la situación, presenció diversos hechos de violencia, según contó la madre al medio citado. Actualmente, el menor está acompañado por la Secretaría de la Niñez y por el jardín de infantes al que asiste.
Ante la falta de medidas restrictivas de la libertad, la agrupación Madres que Rompen el Silencio emitió un comunicado oficial en el que repudiaron el hecho y cuestionaron los plazos procesales aplicados por los organismos intervinientes.
La organización remarcó que las demoras en la tramitación del pedido de detención incrementan el riesgo para la denunciante y exigieron la inmediata resolución de la fiscalía ante la contundencia del material audiovisual incorporado a la causa.
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