Una nueva presentación judicial ubica a Julio Iglesias en el centro de las miradas tras las acusaciones formalizadas por dos exempleadas. Las denunciantes señalan situaciones de agresión sexual y condiciones laborales forzadas en las residencias del artista.
Las mujeres, bajo las identidades reservadas de Rebeca y Laura, requirieron la apertura de una causa por episodios ocurridos en 2021 durante sus estadías profesionales en República Dominicana y Bahamas. La acción ingresó ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia en España, con el acompañamiento jurídico de la organización internacional Women’s Link.
De acuerdo con el escrito, el intérprete utilizó su posición de prominencia y la condición de vulnerabilidad de las trabajadoras para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades bajo un clima de constante intimidación.
El colectivo representante encuadró las conductas en presuntos delitos de trata de personas, agresiones contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y violaciones a la normativa laboral.
El antecedente de la causa
Esta presentación sucede a un expediente previo que la fiscalía española archivó en enero de este año. En aquella oportunidad, la clausura de las actuaciones obedeció a razones de jurisdicción, al entender que los hechos sucedieron fuera del territorio nacional sin vínculos suficientes para la intervención local.
No obstante, la representación técnica invocó la Ley Orgánica del Poder Judicial de España. La norma habilita el juzgamiento de ciudadanos españoles por ilícitos cometidos en el exterior, siempre que la conducta ostente carácter delictivo en el país de origen y se respeten los tratados internacionales de derechos humanos.
Jovana Ríos Cisneros, directora de Women’s Link, enfatizó sobre el rol de las instituciones: “Ellas necesitan del compromiso de los Estados con sus búsquedas de justicia. Todas las personas tienen derecho a que los sistemas de justicia investiguen los hechos cuando existen indicios de presuntas vulneraciones de derechos humanos”.
Sus testimonios
Las denunciantes cumplieron labores de servicio doméstico y fisioterapia en las fincas de Iglesias hace cinco años. En sus manifestaciones, en diálogo con un importante medio español, describieron dinámicas de estricto control.
“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, afirmó una de las mujeres sobre supuestas exigencias en la habitación del artista tras la jornada de trabajo. Por su parte, la segunda denunciante indicó: “Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”.
Los relatos coinciden en la existencia de presiones verbales, amenazas de despido y restricciones cotidianas. Según el escrito, el esquema incluía revisiones a los teléfonos móviles, racionamiento de comida y cuestionamientos de índole personal. Ante las negativas, las denunciantes señalaron la presencia de insultos por parte del artista.
Respecto a la contratación, las presentaciones expusieron la falta de contratos formales y la exigencia de requisitos como contar con edades de entre 25 y 35 años, además del envío de fotografías de cuerpo entero durante la selección.
AS
