La discusión en torno al proyecto de cobre Vicuña sumó un nuevo capítulo con la salida de Hugo Berozzi del Fondo de Garantías de San Juan, organismo en el que trabajaba desde hacía seis años.
El economista había elaborado un análisis sobre el acuerdo que la provincia firmó con Vicuña el 5 de agosto y que posteriormente fue aprobado por la Legislatura sanjuanina. Su informe puso el foco en las condiciones económicas pactadas para uno de los emprendimientos mineros más importantes de la Argentina.
Berozzi cuestionó especialmente el tratamiento de las regalías y el aporte de USD 250 millones comprometido por la compañía para financiar infraestructura. A partir de sus cálculos, advirtió que el esquema podría implicar una pérdida significativa de ingresos para la provincia durante las próximas décadas.
Su despido, informado pocos días después de que difundiera el análisis, profundizó la controversia política alrededor del acuerdo y generó interrogantes sobre el margen para cuestionar públicamente las condiciones de una inversión considerada estratégica por el Gobierno nacional y la administración de Orrego.
La disputa por los USD 250 millones
Uno de los principales puntos de desacuerdo está relacionado con el aporte de USD 250 millones que Vicuña deberá realizar para obras de infraestructura.
Para Berozzi, ese desembolso funciona como un adelanto que se vincula con obligaciones económicas que podrían haber sido exigidas a la empresa durante la extensa vida útil del proyecto, estimada en 71 años.
El Gobierno de San Juan rechazó esa interpretación y sostuvo que el aporte extraordinario y las regalías son mecanismos diferentes.
Desde la administración de Orrego explicaron que los USD 250 millones constituyen un aporte no reembolsable que comenzará a estar disponible desde 2026 y que no depende del inicio de la producción. Las regalías, en cambio, deberán abonarse cuando comience la explotación.
La provincia también defendió la decisión de obtener parte de los recursos de manera anticipada. Según su argumento, cobrar ahora un monto cierto presenta menos riesgo que esperar ingresos futuros condicionados al comienzo y al nivel de producción de la mina.
El punto central: cuánto cobrará San Juan por las regalías
La discusión más sensible pasa por el porcentaje de regalías que recibirá la provincia.
Berozzi sostuvo que la legislación nacional permite que los nuevos proyectos mineros paguen hasta un 5% sobre el valor de boca de mina. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con Vicuña establece una regalía del 3% durante la vida del emprendimiento.
A partir de las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%, el economista estimó que cada punto porcentual de regalías representa alrededor de USD 491,2 millones en valor presente.
El cálculo generó una fuerte reacción del Gobierno provincial, que negó que San Juan haya resignado de manera permanente ese porcentaje adicional.
Según la explicación oficial, durante los primeros cinco años de producción el esquema contempla el aporte de USD 250 millones como sustitución del 1,5% adicional. Desde el sexto año, Vicuña deberá pagar ese aporte extra durante el resto de la vida útil del proyecto, además de las regalías correspondientes.
La provincia defendió el cobro anticipado
Las autoridades sanjuaninas también cuestionaron que el análisis compare los USD 250 millones actuales con ingresos que recién podrían materializarse cuando la explotación alcance una determinada escala.
El Gobierno provincial utilizó como antecedente el proyecto Pascua-Lama. Según su explicación, allí se habían comprometido USD 70 millones distribuidos en 20 cuotas y sujetos al avance del emprendimiento. Cuando la construcción quedó paralizada, los desembolsos también se interrumpieron y finalmente ingresaron alrededor de USD 17 millones.
Con ese antecedente, la administración de Orrego sostiene que el acuerdo con Vicuña buscó reducir el riesgo de que una eventual demora o interrupción del proyecto dejara a la provincia sin los recursos comprometidos.
Un proyecto clave para el RIGI de Milei
Vicuña Corp está integrada por BHP y Lundin Mining y tiene a su cargo el desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, en el norte de San Juan, cerca de la frontera con Chile.
La inversión inicial prevista asciende a unos USD 9.700 millones, lo que convierte al emprendimiento en el principal proyecto de cobre en desarrollo del país.
Para el Gobierno de Javier Milei, Vicuña representa además una de las inversiones emblemáticas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para atraer grandes capitales mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
Precisamente, las condiciones otorgadas a la compañía volvieron a abrir el debate sobre cuánto debe resignar el Estado para atraer inversiones de gran escala y cuál será el impacto concreto de esos proyectos sobre las economías provinciales.
La energía abrió otro conflicto con las mineras
El acuerdo con Vicuña también generó cuestionamientos por el acceso a la infraestructura eléctrica.
El proyecto Josemaría requiere unos 260 MW para su primera etapa y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo.
Según cálculos de Cammesa, esa disponibilidad representa aproximadamente el 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA. La prioridad también alcanza a la futura línea Rodeo-Chaparro y a la estación transformadora Chaparro, con un horizonte de 25 años.
El punto de conflicto radica en que esa infraestructura fue construida con participación de recursos nacionales, provinciales y aportes de los usuarios sanjuaninos. Por ese motivo, otras empresas mineras cuestionaron que Vicuña obtenga una posición privilegiada sobre un corredor que consideran estratégico para el desarrollo futuro de la provincia.
Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán plantearon objeciones sobre distintos aspectos del esquema. Los Azules puso especial énfasis en la posibilidad de que la prioridad otorgada durante 25 años termine funcionando como una exclusividad sobre la capacidad disponible.
El debate por las importaciones y el empleo local
Otro capítulo de la discusión surgió alrededor de la construcción del campamento Batidero, que Vicuña adjudicó a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina.
El proyecto contempla la llegada desde China de una estructura modular con capacidad inicial para unas 2.500 camas. Los fabricantes argentinos que participaron de la licitación sostuvieron que producir esos módulos en el país habría requerido unos 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero, con una generación potencial de entre 400 y 500 empleos directos.
La propuesta china, sin embargo, habría tenido un costo cercano a USD 52 millones frente a los USD 70 millones de la alternativa local.
La empresa optó por la oferta de menor precio, mientras desde el sector industrial argentino cuestionaron que una inversión multimillonaria pueda traducirse en una mayor demanda de bienes importados en lugar de fortalecer las cadenas productivas nacionales.
La provincia respondió que los empleos mencionados corresponden a una estimación realizada por los fabricantes que perdieron la licitación y no representan puestos de trabajo que hayan sido eliminados. Según los datos aportados por el Gobierno sanjuanino, el proyecto ya genera más de 2.500 empleos directos e indirectos, con un 95% de trabajadores argentinos y un 83% de residentes en San Juan.
La controversia alrededor del proyecto ocurre mientras el Gobierno nacional intenta acelerar las inversiones mineras y consolidar al sector como una fuente relevante de dólares para la economía argentina.
En los primeros siete meses de 2026, las exportaciones minerales alcanzaron los USD 5.340 millones, frente a los USD 3.200 millones registrados durante el mismo período del año anterior. El superávit comercial minero también mostró un fuerte crecimiento y pasó de USD 3.088 millones a USD 5.227 millones.
