En enero, y en esta primera semana de febrero, el Gobierno autorizó una serie de aumentos que complejizan el panorama inflacionario. El aumento en la tarifa del transporte público del 250%, el ajuste en las facturas de luz, de más de 300% y la desregulación en los precios de alimentos, prepagas y en el servicio de internet, generará un fuerte impacto en el  ïndice de Precios al Consumidor.  

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la inflación estaba disminuyendo, citando un 25% en diciembre, y un 20% en enero, las consultoras sostienen que el aumento en los combustibles, en el valor de todas las tarifas de transporte público, y en los servicios de energía y agua, generarán un incremento en el Índice de Precios al Consumidor.

Según estimaciones de la consultora LCG, el aumento en el transporte podría agregar al menos 10 puntos al IPC de febrero, lo que podría resultar en una inflación mensual del 22%. Además, y si se consideran los aumentos en transporte, combustibles, prepagas y servicios de comunicación, la incidencia total en la inflación podría llegar casi al 10% más.

Por otro lado, Eco Go estima que si bien estos números son altos, en febrero se producirá una desaceleración, con una inflación que rondará el 14,1%. Aunque advierten que los aumentos en tarifas reguladas podrían retrasar la esperada desaceleración de la inflación a un solo dígito.

La escalada de precios en los servicios públicos y el transporte plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas del gobierno para contener la inflación y revitalizar la economía. La situación económica y política sigue siendo compleja, con incertidumbre sobre la evolución futura de la inflación y el crecimiento económico.