El Gobierno expuso que no puede hacer frente de manera total a la sentencia por unos US$ 1.500 millones de dólares de la Justicia inglesa por la manipulación de datos y estadísticas del INDEC en 2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner, conocida como la causa Cupón PBI.
En la Casa Rosada indicaron que «por razones ampliamente conocidas» el país «no se encuentra en posición de pagar la totalidad de los montos adeudados».
La confirmación llega luego de que vencieran los plazos judiciales para concretar el pago o que los acreedores ejecutaran la garantía de unos US$ 310 millones que la Argentina había depositado en Londres en marzo para poder apelar el fallo de primera instancia y que terminó de perder en octubre, cuando la Corte Suprema del Reino Unido desestimó tratar el caso. También pueden iniciar el proceso para intentar embargar activos argentinos.
Esos plazos se vencieron entre el 21 y 28 de noviembre. Al no pagar, los demandantes reclamaron ejecutar el dinero de la garantía. Según el Gobierno, esos fondos de garantía «permiten a los demandantes recuperar una parte de los montos» contemplados en la sentencia.
En ese sentido, remarcaron que por estos días se evalúa un calendario para pagos especiales para cumplir con el fallo judicial. En ese marco, enfatizaron que ese plan debe ser «consistente con el compromiso de la Argentina con la disciplina fiscal y monetaria, pilares de la política económica de esta administración».
En octubre, luego de que la sentencia quedara firme, en el Gobierno descartaron un default y remarcaron que no había posibilidades de esquivar el desembolso. Sin embargo, dejaron entrever que se buscaría alargar los plazos para pagar el fallo: la garantía como un primer paso y luego negociar con los acreedores un calendario para hacer frente a los cerca de US$ 1.000 millones pendientes.
Las alternativas en análisis pasan por entregar títulos públicos ya en el mercado o bien en la emisión de algún bono soberano, como se hizo para cancelar la deuda con Repsol tras la expropiación de las acciones que la compañía española tenía en YPF.
