El gobierno tomó una decisión que generó controversia en el sector energético. Las distribuidoras de gas deberán asumir parte del costo de importación del Gas Natural Licuado (GNL) sin trasladar este sobrecosto a los consumidores. Esta medida, anunciada por Enarsa, busca reducir los subsidios estatales sin aumentar las tarifas de gas para los usuarios finales.

La semana pasada, Enarsa envió una nota al Mercado Electrónico de Gas S.A. (Megsa), pidiendo actualizar el precio de venta de gas destinado a la demanda prioritaria. Esta actualización incluye un sobrecosto de US$ 2,16 por millón de BTU para el gas adicional necesario en la terminal de importación de Escobar durante los días de mayor demanda invernal. En las terminales de Saliqueló y Cardales, los adicionales son de US$ 0,94 BTU y US$ 0,99 BTU, respectivamente.

El precio base del gas, fijado en la resolución 93/2024, es de US$ 3,35 BTU. Sin embargo, las tarifas no se ajustaron para reflejar este nuevo costo, lo que significa que las distribuidoras deben absorber el sobrecosto sin trasladarlo a los usuarios.

Reacciones del sector

El anuncio causó preocupación entre las distribuidoras de gas. El jueves pasado, los directivos de estas compañías se reunieron con el interventor del Enargas, Carlos Casares, para expresar su descontento. Las empresas consideran injusto que se les imponga esta carga adicional sin la posibilidad de trasladarla a los consumidores, tal como lo establece el principio de pass through o neutralidad económica del decreto 1738/1992, que establece que las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladadas a la tarifa final al usuario de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista.

En este sentido, las distribuidoras argumentan que deberían poder trasladar el aumento del precio del gas a las tarifas o recibir compensaciones a través de subsidios estatales.

Implicancias y posibles consecuencias

En respuesta a la medida, las distribuidoras decidieron no presentarse en la subasta organizada por Megsa esta semana, donde debían declarar el volumen de gas adicional que necesitarían en julio. Las empresas se niegan a asumir un sobrecosto que, en el caso del gas proveniente de Escobar, representa casi el 65% del precio fijado en el Plan Gas.

Si las distribuidoras persisten en su postura, se desatará una disputa para determinar quién absorberá este sobrecosto. Sin embargo, no se espera que esta situación ponga en riesgo el suministro de gas, ya que se supone que Enarsa no interrumpirá el servicio por esta razón.

La decisión del gobierno de imponer un sobrecosto a las distribuidoras de gas sin permitirles trasladarlo a los usuarios finales, tiene como principal objetivo frenar el impulso alcista de la inflación, ante el incremento en las tarifas por la quita de subsidios. En este panorama, las distribuidoras consideran que esta medida contradice el principio de pass through, fundamental para la estabilidad del sector. La resolución de este conflicto será crucial para determinar cómo se gestionará el costo del GNL importado y cómo se mantendrá el equilibrio entre tarifas y subsidios en el sector energético argentino.