Argentina sufre una nueva derrota ante los “fondos buitre”. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una apelación que había sido presentada por Argentina en diciembre de 2001 y autorizó el embargo de activos por unos 310 millones de dólares que están depositados como garantía en cuentas de la Reserva Federal en Nueva York, Alemania y Suiza.
Durante 2005, esos bonos ya habían sido parte de un embargo cuando la Argentina lanzó el canje por la deuda de 2001. Cuando se reabrió el canje en 2010 y luego en 2016, los tenedores de los bonos Brady cambiaron su deuda en default y liberaron la prenda.
Esta decisión judicial es una derrota para Argentina en su larga batalla legal con los fondos de inversión conocidos como «fondos buitre». Estos activos se encuentran depositados en cuentas de la Reserva Federal en Nueva York, Alemania y Suiza. El fallo se basa en la interpretación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, que establece excepciones a la inmunidad de los estados en casos de deudas soberanas.
El embargo de 310 millones de dólares representa una pérdida significativa de recursos para Argentina, que enfrenta una difícil situación económica; inclusive el fallo sienta un precedente legal que podría complicar la situación de Argentina en futuras disputas con acreedores.
Consultado por Border, el economista Hernan Bergstein vaticina que «todo lo que transitamos desde el 2015 con el juez Griesa y el embargo que nos puso en un default técnico se volvería a repetir».
Desde el poder ejecutivo salieron a defenderse aludiendo que el excedente de títulos que había quedado remanente luego de terminar de pagar los bonos Brady, en marzo de 2023, era del Banco Central y no del Estado. Por lo tanto, no estaban disponibles para pagar una deuda del país. También dijo que es una garantía que no debería ser considerada como actividad comercial y que por esa razón era inmune a embargos.
Así también han expresado su desacuerdo con el fallo y han afirmado que los activos embargados pertenecen al Banco Central y no al Estado, por lo que no deberían ser objeto de embargo.
