Avanza la privatización de la histórica empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA). El Senado de Mendoza aprobó ayer el proyecto de ley que autoriza la venta del 21,2% de las acciones que posee la provincia, lo cual es clave para concretar la transferencia total de la compañía al sector privado. 

La legislatura provincial dio luz verde a la medida impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo con 19 votos a favor y 16 en contra, en línea con la agenda de privatizaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei. 

IMPSA es una de las empresas más importantes de Argentina en el sector metalúrgico y energético. Hasta ahora, el Estado posee el 63,7% de las acciones, mientras que la provincia de Mendoza mantiene el 21,2%. El resto de los títulos se distribuyen entre acreedores y la familia Pescarmona, fundadora de la compañía. Con esta aprobación se da un paso clave en la privatizaciín total de la empresa, cuya deuda supera los 500 millones de dólares.

Ahora, tanto el gobierno nacional como el de Mendoza se preparan para la convocatoria de un concurso internacional para la venta de laempresa, ya hay interesados: la compañía estadounidense ARC Energy fue una de las primeras en manifestar públicamente su interés en adquirir parte de las acciones de IMPSA, ofreciendo una capitalización inicial de 30 millones de dólares, y ya hay otros inversores internacionales interesados en Brasil, Alemania y España.

La historia

IMPSA fue fundada en 1907 por la familia Pescarmona y creció como una de las principales empresas metalúrgicas del país, especializada en el diseño y fabricación de equipamiento de alta tecnología para proyectos de infraestructura energética. A partir de 2010, la empresa sufrió graves problemas financieros debido, en parte, a negocios fallidos en Venezuela y Brasil. Estos compromisos, adquiridos a través de una subsidiaria brasileña, llevaron a la acumulación de una deuda superior a los USD 1.000 millones para 2018. En 2021, en un intento por salvar la empresa en quiebra y preservar más de 700 puestos de trabajo, el Estado Nacional adquirió el 63,7% de las acciones, inyectando USD 15 millones para mantener las operaciones, mientras que la provincia de Mendoza aportó otros USD 5 millones para asegurar su participación en la estructura accionaria. La empresa fue considerada estratégica por su capacidad de generar exportaciones y su relación con más de 100 pequeñas y medianas empresas que dependen de su actividad. IMPSA exporta el 85% de su producción y opera en más de 40 países, con contratos relevantes en sectores como el petróleo, el gas, y las energías renovables. 

Sin embargo, las pérdidas financieras de IMPSA persistieron, acumulando una deuda de USD 566 millones, según datos del Ministerio de Economía. Si bien la deuda se reestructuró en 2020, el panorama para IMPSA siguió siendo deficitario. Uno de los principales criterios que evaluarán las autoridades en línea con el plan de privatización será el plan de negocios de los interesados, que deberá asegurar la continuidad de las operaciones de IMPSA, la preservación de los puestos de trabajo y la participación de las pymes locales en la cadena de producción. El hecho de que los potenciales inversores deban hacerse cargo de los 500 millones de dólares de deuda que acumula IMPSA podría influir en las ofertas que se presenten.