El operador económico Alex Saab reconoció su responsabilidad penal ante la jueza federal Kathleen Williams por el delito de conspiración para el lavado de dinero. En el marco del convenio firmado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el imputado aceptó la entrega de USD 195 millones y el compromiso de aportar información verídica e integral en investigaciones referidas a la cúpula estatal venezolana.
La causa establece que desde 2015 Saab lideró una estructura delictiva asociada al Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa estatal a partir del cual se distribuían alimentos básicos entre venezolanos de bajos ingresos.
Allí, él desvió fondos mediante documentación comercial adulterada y maniobras con empresas tanto en Colombia como en México. La investigación, además, determinó que parte del dinero se canalizó hacia cuentas bancarias en el sur del estado de Florida.
El documento judicial también individualiza formalmente a cuatro involucrados: Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Asimismo, las actuaciones vinculan las operaciones de lavado con recursos financieros provenientes de la petrolera estatal PDVSA.
De acuerdo con los términos pactados, la Fiscalía recomendará una pena en el rango inferior del máximo de veinte años previstos, sujeta a la efectividad de los datos suministrados sobre otros acusados.
Los antecedentes del proceso
El cambio de estrategia de Saab sigue a su declaración inicial de inocencia formulada el 24 de julio. El caso constituye el segundo expediente penal contra el empresario en jurisdicción estadounidense, tras su primera detención en Cabo Verde en 2020 y posterior extradición por desvíos estimados en USD 350 millones.
Tras recibir un indulto presidencial por parte de Joe Biden en diciembre de 2023 durante un canje de prisioneros, el empresario retornó a Caracas para integrarse a la estructura del Ejecutivo. No obstante, tras el cambio político acontecido en territorio venezolano, fue nuevamente aprehendido y derivado a Estados Unidos para responder ante este nuevo proceso.
El acuerdo firmado omite precisiones sobre las causas en las que testimoniará y prohíbe taxativamente la omisión de datos o la imputación falsa a terceros, por ende, condiciona la morigeración de la pena al cumplimiento estricto de las clausulas acordadas.
AS
