La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez presentó formalmente una imputación contra el expresidente del Estado Plurinacional Evo Morales por el “delito de trata de personas agravado”, en el marco de un presunto abuso de una menor de 15 años.
Así mismo, la fiscal inició una alerta migratoria, mientras el político se encuentra atrincherado en la provincia de Chapare, su «feudo» dentro del país vecino.
Gutiérrez señaló extendió la presentación también contra la madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra. Ahora, “el juez señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, señaló.
Morales habría cometido los delitos de «trata de personas» y «estupro con una menor de edad», con la que – supuestamente- habría tenido un hijo.
En la denuncia se detalla que también los padres habrían lucrado con la entrega de su hija al ex mandatario boliviano, que hoy mantiene un cruce interno con el actual presidente de la Nación, Luis Arce.
LO QUE SE SABE DEL CASO
Desde que se conoció la investigación, se informó que la menor habría pertenecido al grupo juvenil «Generación Evo», establecido por Morales cuando era presidente.
En ese sentido, la fiscal solicitó medidas para impedir que Morales y Pozo salieran del país. Aunque se emitió una orden de arresto contra Morales el 16 de octubre, no se pudo llevar a cabo porque no se logró localizarlo, según múltiples informes policiales.
La policía buscó en varios sitios, incluyendo Villa 14 de Septiembre en Chapare, pero Morales no estaba allí. Los partidarios de Morales organizaron bloqueos de carreteras que duraron 20 días, lo que evitó que la policía pudiera acceder a Chapare, el bastión de Morales, además de proteger a los policías de posibles agresiones, ya que varios habían sido heridos durante estos bloqueos.
La fiscal Gutiérrez, quien había emitido una orden de captura, fue brevemente removida de su posición por el fiscal general Juan Lanchipa, pero luego fue reinstalada, tras lo cual Lanchipa renunció.
Morales ha estado en Chapare desde octubre, rodeado por al menos 500 simpatizantes para su protección. Además, en Argentina, hay una investigación en curso contra él por posibles delitos de trata de personas y abuso sexual de su tiempo como refugiado en 2019, estatus que le fue retirado por el actual presidente, Javier Milei.
