La República Democrática del Congo será el primer país del mundo en elegir su presidente usando ese sistema, propuesto por el gobierno argentino en su proyecto de reforma electoral. El proveedor de las máquinas es una empresa surcoreana que visitó nuestro país en 2016, levantando sospechas. Críticas internacionales.
Joseph Kabila es el presidente de la República Democrática del Congo desde el año 2001. Sucedió a su padre, Laurent-Désiré Kabila, quien ejerció el cargo desde que el país cambió su antiguo nombre, Zaire, en 1997. Desde entonces, el carácter democrático del país africano es severamente cuestionado y observado por organismos internacionales.
El mandato constitucional de Kabila hijo terminó en el año 2016 y la Constitución impide su segunda reelección. Sin embargo no fue hasta noviembre de 2017 cuando anunció que los congoleños volverían a elegir presidente: en diciembre de 2018 e incorporando un moderno y novedoso sistema de votación, «la boleta única electrónica».
«Lo que proponemos en el Congo no es voto electrónico sino voto en papel. La máquina de votación simplemente se usará para imprimir las boletas«, afirmó en febrero de 2018 el titular de la CENI, órgano electoral de la República del Congo, ante las alertas expresadas por el Gobierno de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU respecto del sistema de «boleta única electrónica». Quien proveyó dicho sistema —con un costo de unos 150 millones de dólares— fue la empresa surcoreana Miru Systems, ante las advertencias del Gobierno surcoreano y los cuestionamientos de la NEC, Comisión Nacional Electoral de Corea del Sur, que no recomienda su utilización en el Congo y que ahora reclama a la Justicia de su país que inicie una investigación al respecto.
En julio de 2016, visitó la Argentina una delegación de Corea del Sur integrada, entre otros, por representantes de la NEC y de Miru Systems. Por aquel entonces la NEC surcoreana estaba presidida por Kim Yong-Hi, actual secretario de la Association of World Election Bodies (A-WEB) y principal sospechado de haber favorecido la selección de Miru Systems como proveedor del gobierno del Congo. Por parte de la Argentina participó de la reunión el director Nacional de Relaciones Institucionales en Ministerio de Modernización, Guillermo Baistrocchi, ex empleado de Sevel, Correo Argentino y Socma.
El gobierno argentino publicó una entrada en el sitio oficial donde se detallaban los acuerdos firmados luego de dicha reunión, pero rápidamente editó su contenido reemplazándolo por el de un encuentro con el presidente de México. Sin embargo cometieron un error, ya que en la dirección web del artículo todavía podía leerse el título original.
Afortunadamente, el Ministerio del Interior de Corea del Sur publicó un parte de prensa afirmando que «funcionarios de la Comisión Electoral Nacional de Corea del Sur fueron seleccionados para visitar Argentina ya que el país planea introducir un sistema de votación electrónica en agosto«, y que Miru Systems exportaba tales sistemas.
Efectivamente, el 29 de junio de 2016 el gobierno argentino había enviado al Congreso el proyecto de reforma electoral cuyo principal objetivo era la implementación de un sistema de votación electrónica. En el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados del día 4 de agosto de 2016 la ahora presidente de Transparency International, Delia Ferreira Rubio, denunció que el Ministerio de Modernización ya contaba con un prototipo de máquina de «boleta única electrónica» de origen surcoreano, cuando todavía no se había aprobado la reforma ni menos aún se había definido técnicamente el sistema a utilizar.
Según los plazos previstos en el proyecto, de transformarse en ley y para poder ser usado en las elecciones PASO de 2017 —tal el objetivo del Gobierno— el sistema de votación electrónica (con todos sus componentes de hardware y software) debía estar disponible para ser auditado 180 días antes, esto es el 15 de febrero de 2017. El 17 de noviembre de 2016 en el plenario de comisiones del Senado el secretario del Ministerio de Modernización Raúl Martínez —compañero de Baistrocchi en Sevel— decía que el sistema todavía no había sido desarrollado, y que se esperaba a la aprobación del proyecto. Cabe destacar que a la fecha, fuera de la Argentina, no hay ningún país del mundo donde se haya utilizado un sistema similar a la «boleta única electrónica», en el cual el voto es impreso y además almacenado digitalmente en la boleta para su posterior conteo electrónico luego de la apertura de las urnas. Por este motivo, el sistema de «boleta única electrónica» aprobado por el Congreso debería ser luego diseñado y construido ex profeso para su uso en el país.
Es técnicamente imposible que un sistema que en noviembre de 2016 no estaba especificado estuviera disponible en su versión final en sólo 3 meses, y menos aún considerando los plazos de una licitación internacional, por lo que las sospechas de que ya se había definido qué máquinas comprar y a qué proveedor se hacían cada vez mayores. Y no es descabellado pensar que también se había iniciado la fabricación de los equipos, bajo la «promesa» de su segura implementación en la Argentina. En tal sentido, en diciembre de 2016 se presentó una denuncia judicial contra el ministro Andrés Ibarra que fue rápidamente desestimada por la Justicia.
Las similitudes entre el sistema ofrecido por Miru Systems en el Congo y el propuesto para la Argentina son llamativas. Desde el diseño de las boletas de papel, hasta la disposición de la «impresora de votos» y la forma de introducirlas. Respecto del diseño del sistema de «boleta única electrónica» usado en Salta y en la Ciudad de Buenos Aires, se ha reemplazado el chip RFID que almacena el voto en la boleta por la impresión de un código QR, algo que ya había sido hecho por otros proveedores como la venezolana Smartmatic debido a las vulnerabilidades mostradas por expertos en el Congreso argentino.
Un detalle importante es que las primeras máquinas que fueron enviadas por Miru Systems al Congo en septiembre de 2017 tenían el logo de RFID, una tecnología que el sistema no requiere, en tanto que las que enviaron en 2018 ya no lo tenían. El único sistema utilizado en elecciones reales en el mundo basado en chips RFID es el de la empresa argentina Grupo MSA S.A., del cual se tomó la idea de la «boleta única electrónica» para el proyecto de reforma electoral nacional. Definitivamente, las máquinas enviadas al Congo en 2017 no fueron fabricadas específicamente para ellos.
Y por supuesto, también es llamativo el uso de los mismos argumentos para tratar de convencer a los votantes: que la «boleta única electrónica» no es voto electrónico, que las computadoras de votación son meras impresoras y que el principal beneficio del sistema es que permite votar «fácil y rápido».
La duda que flota en el aire es si se trata de las mismas máquinas de votación que intentaron venderse a la Argentina —hasta el volumen es similar, alrededor de 100.000 unidades— y si hay alguna participación de quienes aseguraron la compra por parte de la Argentina en 2016 en este negocio con la República Democrática del Congo. Mientras tanto, la investigación internacional sigue su curso.
La respuesta del ministro Rogelio Frigerio
El ministro del Interior Rogelio Frigerio fue consultado por #BorderPeriodismo en Radio Nacional sobre el uso de la «boleta única electrónica» en el Congo. Esta fue su respuesta.
Sobre el proyecto de reforma electoral enviado al congreso, el ministro dice: «Lo que propusimos en la ley es la introducción de tecnología. La introducción de tecnología va a permitir que el Poder Ejecutivo cada año electoral proponga determinada forma de votar, esa forma de votar tiene que estar avalada obviamente por la Cámara Nacional Electoral». Esto es violatorio de la Constitución Nacional, que en su artículo 99 inciso 3° prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo emitir disposiciones que regulen la materia electoral, y en su artículo 76 prohibe delegar en éste facultades legislativas, expresando luego en el artículo 77 que los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral requieren de la mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso. El Presidente no puede determinar el elemento de votación, ni aún con el acuerdo del Poder Judicial.
