A seis días de las elecciones presidenciales, las empresas de apuestas deportivas de Brasil acudieron este lunes a la Corte Suprema para solicitar la suspensión de la prohibición decretada la semana pasada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El pedido fue presentado por el Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR), la principal asociación del sector, que reclamó una medida de carácter urgente al considerar que la decisión puede generar “efectos irreversibles” incluso antes de que sea analizada por el Congreso.
En su presentación, la entidad invocó principios como la libertad económica, la competencia y la seguridad jurídica. También sostuvo que la prohibición provoca un “deterioro” en la confianza sobre el ambiente de negocios, debido a que las compañías del sector realizaron inversiones, pagaron impuestos y contrataron trabajadores.
El IBJR cuestionó además que la medida desconozca los permisos otorgados a las empresas mediante una ley aprobada en 2023. En ese sentido, afirmó que la decisión “frustra los derechos adquiridos de las operadoras que, de buena fe, creyeron en las promesas regulatorias del Estado”.
La asociación también acusó al Gobierno de actuar de forma “unilateral” y sin “criterio técnico”, además de cuestionar que se hayan limitado las atribuciones del Congreso en la definición de políticas públicas.
La prohibición fue establecida mediante un decreto provisional firmado el viernes. Ahora deberá ser evaluada por el Poder Legislativo, que cuenta con un plazo de 120 días para aprobarla o rechazarla.
Lula justificó la decisión al vincular las apuestas con el endeudamiento de las familias y sostuvo que es necesario frenar una actividad que puede profundizar los problemas financieros de los hogares. “Es algo espeluznante; me recordó al comienzo del crack en este país”, afirmó el mandatario.
Además, sostuvo: “Las apuestas en línea son lo mismo, pero a un nivel muy superior porque son digitales y están al alcance de la mano”.
