El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes una severa denuncia contra la firma británica Thales UK Limited tras la realización de un vuelo sin autorización argentina entre las Islas Malvinas y Punta Arenas. El incidente, que motivó al mandatario a ordenar el inicio de procedimientos sancionatorios e instruir gestiones diplomáticas según la Oficina del Presidente, encendió las alarmas en la Casa Rosada debido a que la aeronave trasladó a una comitiva de isleños para participar del Punta Arenas Business Showroom.
La iniciativa cuenta con la participación de cerca de 40 representantes del sector privado de las islas —la delegación comercial más numerosa enviada al exterior por el archipiélago— y entre 30 y 40 empresas chilenas. El plan contempla el transporte de insumos básicos, alimentos frescos, materiales de construcción, ganado y maquinaria, buscando desplazar la logística que hoy se realiza desde Uruguay.
El proyecto tomó impulso a través de un acuerdo con Easter Island Naviera. Al respecto, Louise Ellis, subdirectora general de la FIDC, fundamentó la iniciativa: “La reapertura de la ruta entre Punta Arenas y Puerto Argentino fue vista como una oportunidad comercial y un área lógica para la expansión empresarial por Easter Island Naviera, que cuenta con una exitosa trayectoria al servicio de una comunidad remota. Por ello, han colaborado con empresas de las Islas Malvinas y Punta Arenas para lanzar su nuevo proyecto. La FIDC ha facilitado la colaboración con el sector privado de las islas y ha proporcionado acceso a información regulatoria y otra información pertinente para respaldar el desarrollo de su plan de negocios”.
En paralelo, la administración argentina intimó al Reino Unido a paralizar en dos semanas las exploraciones petroleras del proyecto Sea Lion, amenazando con recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
Asimismo, el canciller Pablo Quirno advirtió que las compañías operantes en el archipiélago serán excluidas de desarrollos estratégicos continentales como Vaca Muerta, al tiempo que el Congreso evalúa un proyecto de ley de Soberanía Nacional para endurecer sanciones y crear un Consejo de Seguridad Nacional.
Por su parte, la posición del Gobierno chileno de José Antonio Kast muestra matices que generan fricción con Buenos Aires. El ministro de Defensa trasandino, Fernando Barros Tocornal, sostuvo en Radio Polar Magallanes que si bien su país respalda el reclamo argentino, “Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”.
Además, al referirse al Reino Unido como “un país amigo” que “ejerce soberanía” desde hace dos siglos, profundizó el malestar diplomático en la región.
