Lázaro Báez está nervioso. Por primera vez desde que es investigado por el juez federal Sebastián Casanello por presunto lavado de dinero, el zar de la obra pública está dejando huellas de que espera lo peor. Hace dos semanas fue indagado por su presunta participación en la compra de un campo en Mendoza que escondería una maniobra de lavado. El magistrado debe decidir si lo procesa y comienza el declive final del empresario K.
En los últimos días, sus abogados Nicolás Guzmán y Gabriel Gandolfo pusieron manos a la obra para trabar una serie de medidas de prueba que para el juez de la causa son centrales y pidieron el sobreseimiento de su ciente. También comenzaron a pedir al juez que libre certificados por escrito dándole la razón a Báez sobre algunos de los puntos que lo enfrentan con la prensa. A todos sus pedidos, Casanello le dijo que no.
Hay tres puntos que preocupan demasiado a Lázaro, según dejaron trascender sus defensores en la causa: la pericia contable que encargó el juez sobre su patrimonio, el de sus empresas y su familia; la información supuestamente vinculada a la causa que está en manos de un juez de Nevada, Estados Unidos; y su nexo con un Reporte de Operaciones Sospechosas en las islas Seychelles.
Y otro síntoma de preocupación: por primera vez, su heredero, Martín Báez, presentó abogados en la causa. El juez había solicitado información sobre si el hijo mayor de Lázaro viajó a Mendoza cuando se concretó la compra del campo investigado. Baéz junior también se prepara para ser auditado en la pericia contable y necesita quien lo defienda. Nombró a los mismos abogados que su padre.
Para el juez y para el fiscal Guillermo Marijuán los resultados de ese estudio financiero, encargado a los peritos contables de la Corte Suprema, va a determinar «la situación patrimonial y financiera integral» de Báez, su familia, sus socios, sus empresas y el resto de los imputados en la causa. Eso incluye a su contalos Daniel Pérez Gadín, al financista Federico Elaskar, al “valijero” Leonardo Fariña, a Fabián Rossi -su supuesto nexo con Panamá-, entre otros sospechosos de participar en una maniobra para lavar más de 50 millones de euros.
Si los peritos cumplen con su misión, la pericia revelará una readiografía financiera del imperio Báez, sus puntos oscuros, su real poder económico, sus movimientos de activos y los huecos que pueden conducir a pruebas de lavado y evasión impositiva. Por eso Báez quiere parar este estudio y esta semana pidió al juez que la pericia sólo gire en torno al hecho por el cual Casanello indagó a Báez: la compra de un campo en Mendoza que escondería una maniobra de lavado de dinero. Pero la pericia va mucho más allá y apunta a más: comprobar si hubo desvío de activos millonarios al exterior, si Lázaro está ligado a actividades ilícitas, corrupción, pago de sobornos o cualquier otro hecho precedente que permita indagarlo más adelante.
Lo que Báez intenta frenar es el análisis de su patrimonio neto y de sus empresas al inicio y cierre de cada año; el origen de los fondos que maneja; cuánto dinero en efectivo dispone para operar; sus activos y pasivos; el origen de las inversiones de sus empresas y en sus compañías -como aportes de accionistas desconocidos para la Justicia-; cómo destina sus ganancias; cómo y adónde mueve sus fondos.
No es el único preocupado en la causa. El jueves, Casanello tuvo que intimar al contador de Fabián Rossi para que deje de dilatar su presentación en la causa y acepte el cargo de perito de parte. Lo mismo, vaya casualidad, sucede con el perito de parte de Pérez Gadín. En esa pericia, la AFIP -muchas veces relacionada de manera sospechosa con Lázaro- presentó dos peritos de parte que participarán en el estudio financiero. Quien ya presentó perito, también como imputado, es el empresario Carlos Wagner, dueño de Esuco. Es otro pope de la obra pública K y aunque está enfrentado a Báez por los negocios, la Justicia encontró algo en común entre los empresarios: a Wagner lo investigan en Buenos Aires y Uruguay por una transacción inmobiliaria en Punta del Este en la que intervino una sociedad de Helvetic Services Group por 16,5 millones de dólares.
Baéz también pidió al juzgado que libre un oficio al diario La Nación “para que remita de manera urgente la ‘declaración’ u ‘opinión’ del juez Cam Ferenbach -magistrado del estado de Nevada- supuestamente de 27 páginas que aparentemente tendría en su poder, o bien que informe dónde se encuentra”. Se refiere a una nota que informa que el magistrado estadounidense investiga si Báez y Cristóbal López manejan en su país activos provenientes de la corrupción en Argentina. Es en el marco de la denuncia de los fondos buitre. El juez le dijo que no.
En en el mismo escrito, la defensa pidió a Casanello que “extienda un certificado a nombre del señor Baéz en el que expresamente conste que de la información acompañada por la UIF (Unidad de Información Financiera), emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles, surge que aquel no tiene vinculación alguna ni con movimientos financieros en ese país, ni con las sociedades Helvetic Services Group S.A., Aldyne Ltd. Y Eyden group LLC”. El magistrado le contestó que ese pedido resulta “inapropiado” y “precipitado”.
