Son los fondos que implican los frentes judiciales en los que el ex ministro de Planificación K se encuentra más comprometido, de más de 120 causas en su contra. El dinero en cuestión es de por lo menos $ 29.000 millones. Cómo será su futuro. El día que usó sus fueros. La comparación con María Julia Alsogaray, máxima expresión de la corrupción en la Argentina, investigada y condenada por la sexta parte de montos involucrados. La ley para recuperar el dinero, trabada en el Senado.

Fiel ladero del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Julio De Vido supo mantenerse cerca del poder y de los negocios millonarios durante los 12 años que el kirchnerismo gobernó el país. Por su escritorio pasaron y se firmaron contratos, habilitaciones, concesiones y todo tipo de documentos relacionados a la obra pública y servicios en la Argentina. Muchas de esas firmas son las que hacen que el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación entre 2003 y 2015 hoy tenga que enfrentar más de 130 causas judiciales. En cuatro de ellas ya está procesado y en una veintena se encuentra imputado y comprometido.

El dolor de cabeza judicial ya se trasladó al Congreso. Las repercusiones por las maniobras ilegales como funcionario también empezaron a ser políticas. Ya el año pasado, con su banca en la Cámara de Diputados, De Vido intentó, abogado mediante, esquivar un allanamiento en su casa gracias a los fueros parlamentarios que le otorgan inmunidad, pero una votación subsiguiente autorizó el procedimiento. El ex ministro ganó entonces tiempo. El pedido de indagatoria, desafuero y detención realizado por el fiscal Carlos Stornelli a comienzos de mes –en la causa por supuesta malversación de $26.000 millones por obras en la mina de carbón de Río Turbio- hizo que el oficialismo apriete el acelerador para apartarlo de su cargo, aún cuando el juez Luis Rodríguez rechazara la medida.       

En la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja se acordó dictaminar la remoción y exclusión de De Vido. Por consenso de la mayoría presente se firmará el martes que viene. Además, se convocó para el miércoles próximo a una sesión especial en el recinto para tratar allí el desplazamiento. “Entiendo que esto no se tiene que dilatar más ya que estamos en un proceso electoral y no es correcto que se mezclen las cosas”, explicó a #BORDER el democristiano cordobés Juan Brügge. Fue él, aliado al massismo, quien propuso lo que finalmente terminó en acuerdo. Previo a la reunión, a través de un escrito, De Vido se defendió y dijo ser “víctima de una persecución organizada”. Y luego se dio una vuelta por el Congreso.

Si bien el debate por su remoción se generó luego del pedido de Stornelli en la causa de Río Turbio, una pila de expedientes por corrupción se acumulan en la Justicia federal. Tras un relevamiento, #BORDER constató que en las investigaciones que más comprometen a De Vido el posible dinero malversado asciende a unos $29.000 millones. No incluye todas las causas en su contra, sólo a aquellas en las que está procesado o en las que, según fuente judiciales, presentan concretas posibilidades de avance. Además tiene $2.150 millones acumulados en embargos.

Allí figuran las siguientes investigaciones:

• Compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal por unos 100 millones de euros en total entre los dos países. Fue procesado en julio de 2016 por el juez Julián Ercolini acusado por administración fraudulenta y cohecho. Se estima que el monto tenía un sobreprecio de alrededor de 170%. Equivale a que en realidad se debería haber pagado unos 37 millones de euros, 63 millones menos de lo que se abonó. Al cambio actual significa cerca de $1.300 millones de más.
• Recientemente, en julio de este año, también fue procesado por el juez Claudio Bonadio por la falta de controles e irregularidades en la entrega de subsidios de gasoil a empresas de colectivos. El magistrado estimó un perjuicio para el Estado de unos $600 millones.
• En la mencionada causa de Río Turbio aún no fue procesado pero es el principal señalado por la Justicia por malversación de $26.000 millones en la construcción de una mina de carbón que finalmente no se concretó.
• Importación de Gas Natural Licuado desde 2008 en adelante. De Vido es uno de los imputados en la causa que lleva el juez Claudio Bonadio. Allí, como mínimo, según una investigación de Perfil, el Estado a través de Planificación contrató un buque de carga por US$ 57 millones que nunca llegó. Al cambio actual son unos $990 millones.

• 

  En la causa “Sueños Compartidos”, la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado de dinero, pidió procesarlo por considerar a De Vido directamente responsable del desvío de $206 millones.  

En las restantes dos causas en las que está procesado –por la tragedia de Once y por omisión de controles en concesiones ferroviarias- no hay dinero malversado que se le pueda imputar directamente al ex ministro K. Sin embargo, la primera incluyó la muerte de 51 personas y es la razón por la cual la diputada oficialista Elisa Carrió impulsa la expulsión de De Vido.

https://www.youtube.com/watch?v=3Na6v53pJxk

También figuran muchos otros procesos en los que está implicado y su situación judicial puede avanzar. Es el caso de Skanska, por ejemplo, que tal como pudo saber #BORDER, podría presentar novedades en los próximos meses.

La legislación argentina no contempla que, aunque sea, parte de la monumental cifra de $29 mil millones pueda ser devuelta al Estado en caso de confirmarse el origen ilícito o uso de dicho dinero para la compra de otros bienes. La ley de Extinción de Dominio, que aceleraría este proceso, se encuentra frenada en el Senado desde junio del año pasado. Pero para tener dimensión, #BORDER recopiló de distintos ministerios nacionales y provinciales cuál sería el uso público que se le podría dar al dinero.

En un país donde, según estima el Ministerio del Interior conducido por Rogelio Frigerio, hay un déficit habitacional de más de 1.300.000 viviendas, con el dinero investigado en las principales causas contra Julio De Vido se podrían construir alrededor de 102 mil casas. Unas 400 mil personas –se suele calcular cuatro habitantes por casa- tendrían un techo donde vivir.

La educación es una pieza fundamental. Pero no sólo en los últimos años el nivel ha empeorado, así lo demuestra, por ejemplo, la prueba Aprender 2016 –donde entre los distintos resultados figuró que 4 de cada 10 alumnos de sexto grado no comprenden textos- sino que también han aumentado las críticas por la infraestructura y la falta de espacios para los estudiantes.

Según informaron para este artículo desde la Ciudad de Buenos Aires, con los millones sospechados por corrupción se podrían construir más de 950 jardines y otros tantos secundarios. “Un jardín de infantes de 1.200 metros cuadrados cuesta entre $25 y $35 millones. Mientras que la construcción de una escuela secundaria para unos 250 alumnos está en el orden de los $35 millones”, aseguraron desde el Ministerio de Educación porteño. A nivel nacional la cantidad ascendería a más de mil.

“Podríamos construir 1.400 kilómetros de vías de tren nuevas. Casi como tres tramos juntos de Capital a Mar del Plata”, calcularon también desde el Ministerio de Transporte nacional. Sucede que cada kilómetro de vía, con todos los materiales incluidos, al Estado le sale unos US$ 1.200.000. La lista de comparaciones podría extenderse mucho más en un país donde las necesidades básicas afloran casi a cada paso en los lugares más vulnerables de todas las provincias de la Argentina.

Pero existe otra comparación que desde el kirchnerismo y desde el entorno del propio Julio De Vido rechazan: la del ladero K con María Julia Alsogaray, la ex funcionaria de la presidencia de Carlos Menem que más procesamientos y condenas acarrea.

A lo largo de los años Alsogaray se ha ido transformando en la imagen más emblemática de la corrupción política. Las causas se le acumularon, llegó a estar detenida casi dos años -entre 2003 y 2005- y recién a fin del año pasado se le otorgó la libertad condicional. Aún hoy sigue afrontando juicios orales –va por el octavo- y mantiene frentes judiciales abiertos en su contra.

Contrataciones irregulares, enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado, sobresueldos. Estos son algunos de los delitos que se le imputan. Similares a los de De Vido. De los juicios que la declararon culpable y de los que todavía están en proceso se la investigó por US$ 272 millones. Al cambio de hoy, cerca de $ 5.000 millones. Es decir, la sexta parte de lo que los fondos por los que se lo cuestiona a De Vido.

Sobria, pero provocadora , la mujer que supo ser titular de la ex compañía estatal de teléfonos ENTEL y secretaria de Medio Ambiente menemista, aún tiene en agenda transitar por los tribunales de justicia. También tiene en sus espaldas dos condenas que todavía no son firmes y suman, entre ambas, 7 años y 6 meses de prisión. El tiempo y la Justicia serán quienes, finalmente, dirán si el multiprocesado ex ministro de Planificación K, Julio De Vido, afrontará una situación similar a la de Alsogaray. O si le, como parece, podrá reemplazarla como emblema.