La Procuradora General está en la mira del Gobierno desde el primer día. En Diputados avanza un proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal y limitar así su poder. Pero un sector de Cambiemos quiere que deje su lugar cuanto antes. Carrió ya prepara otro pedido de juicio político: ¿contra Lorenzetti?
El rumor venía creciendo: en el Gobierno estaban decididos a ir por la cabeza de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, la única funcionaria de la época kirchnerista que venía siendo cuestionada pero igual logró resistir en su cargo. Y justo en este momento, Elisa Carrió presentó un nuevo pedido de juicio político contra la jefa de los fiscales, sólo que esta vez no lo hizo sola, sino con el acompañamiento de otros diputados de Cambiemos, entre los que se destacan el radical Mario Negri (jefe del interbloque) y la macrista Silvia Lospennato (del equipo de Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados).
En algún momento, se especuló con que Gils Carbó se iba a jubilar en mayo y así dejaría su cargo. Sin embargo, esa decisión todavía no llegó y desde Cambiemos buscan que se concrete cuanto antes.
La novedad, sin embargo, es que la líder de la Coalición Cívica no piensa quedarse allí y ya estaría preparando otro pedido de juicio político, apuntando a una alta autoridad del Poder Judicial. ¿Ricardo Lorenzetti? Desde su entorno no quisieron brindar más detalles, pero es de público conocimiento que Carrió tiene al presidente la Corte Suprema en la mira hace mucho tiempo. Luego de haber generado con sus denuncias momentos de tensión entre el Gobierno y Lorenzetti, Macri le pidió a Carrió un mes de tregua, para que se pueda recomponer ese vínculo institucional. La duda es qué hará Lilita cuando se venza ese plazo.
Después de presentar el juicio político contra Gils Carbó, Carrió se reunió con el presidente Macri en la Casa Rosada, en otra señal de que el vínculo entre ellos se mantiene estable y que por más que ella actúa con autonomía, él está al tanto de sus decisiones.
El debate. Otra vía por la cual el oficialismo busca limitar el poder de Gils Carbó es con un proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, recortando las facultades de su titular, la Procuradora. Este miércoles se reunirán las comisiones de Justicia, Presupuesto y Legislación Penal de la Cámara baja y el objetivo de los oficialistas es conseguir dictamen para llevarlo la otra semana al recinto.
Carrió, a través de un comunicado, se diferenció y expresó que considera que no se puede hacer una ley con nombre y apellido y que el mecanismo de destitución debe ser el juicio político.
La discusión más fuerte está en torno al tiempo de duración que le impondrán al mandato del Procurador General, que hasta ahora es de por vida. El Gobierno busca que el mandato sea de 4 años, con posibilidad de ser prorrogado por otros 4 años más con el visto bueno del Senado. El massismo, en cambio, impulsa que sea de 7 años sin posibilidad de prórroga. Y Carrió propone que sea de 10 años.
Por otra parte, también avanzan las negociaciones para que el Senado apruebe la conformación de una comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal, otro mecanismo con el que buscan rodear a Gils Carbó.
Insistencia. Este no es el primer pedido de juicio político que Carrió presenta contra Gils Carbó, a quien acusa de trabajar para “encubrir” a funcionarios cercanos a Cristina Kirchner. En junio de 2013 ya había presentado uno, pero como se cumplieron dos años ya perdió estado parlamentario. En la misma situación quedó otro pedido que habían presentado para la misma época los entonces senadores radicales Ernesto Sanz, Gerardo Morales y José Cano, por presunto mal desempeño y la eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones.
En la presentación, Carrió argumenta que “Gils Carbó, ya ejerciendo su cargo de Procuradora General, llevó a cabo una serie de conductas irregulares que ameritan el presente pedido de juicio político”. Y detalla que “actualmente cuenta con varias denuncias penales en su contra por haber entorpecido investigaciones judiciales que afectaban los intereses del anterior gobierno nacional y, además, por haber designado fiscales ilegalmente, es decir, sin haber cumplido el procedimiento contemplado en la ley Orgánica del Ministerio Público”. Menciona los casos de Carlos Gonella y Félix Crous, designados en la Procelac (lavado) y Procunar (narcocriminalidad), respectivamente.
Además, hace mención al caso del fiscal José María Campagnoli, que fue apartado de las investigaciones de la ruta del dinero K. “Resulta de público conocimiento la acción persecutoria que ha desplegado en contra de un Fiscal de Instrucción de la Nación a fin de lograr su remoción, luego de que este último, con sus investigaciones, haya expuesto negocios ilegales de empresarios ligados directamente con la ex Presidenta de la Nación”, dice el texto.
