El ex secretario de Obras Públicas y ex número dos de Julio De Vido deberá declarar mañana ante el juez Rafecas en una causa por enriquecimiento ilícito. Qué ocurrirá con el dinero mientras dura el proceso judicial.
Cinco escuelas podrían ser construidas con el dinero que el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, intentó esconder en un convento de General Rodríguez. Se trata de U$S 8.982.047, sumado a otras divisas y relojes, que representan más de 126.646.200 pesos. El dinero que poseía el ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner está bajo custodio del Banco Provincia, pero será trasladado al Banco Nación, donde quedará a la espera de una sentencia firme para pasar a las arcas estatales.
El Grupo Halcón junto a más de 50 policías y 100 custodios escoltaron esta mañana el ingreso a la sede central de La Plata de 7 bultos, bolsos, valijones, que estaban a su vez metidos en bolsas plásticas con los 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 425 yuanes, 49.800 pesos, 2 riyales qataríes y seis relojes de lujo. La intervención de la provincia se debió al delito de tenencia ilegal de arma pero rápidamente pasará al juez Daniel Rafecas, que tiene una causa por enriquecimiento ilícito contra López desde 2008.
Cuando el trámite de traspaso al fuero federal quede firme, el dinero pasará a ser custodiado por el Banco Nación donde, según diversos especialistas, sería colocado en un plazo fijo para moderar la pérdida de valor de la moneda durante el período que lleve el proceso judicial hasta la sentencia. Si bien hay otras inversiones más rentables, los especialistas señalan que los jueces frecuentemente intentan evitar la timba financiera para morigerar los riesgos.
Si se comprueba el enriquecimiento ilícito, López puede esperar una prisión de entre 2 y 6 años, multas que van del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación para ejercer cargos públicos, según explicó a #BORDER el ex presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y el Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos (FAPLA), José María Salinas.
El dinero puede ser decomisado por el Estado cuando haya una sentencia firme. Pero se sabe que las causas por corrupción pueden extenderse en el tiempo. Para Salinas, con voluntad judicial podría haber una fallo de primera instancia en un año y medio porque el proceso para probar el enriquecimiento ilícito no es complejo. En primer lugar se realizará mañana la indagatoria de López, se lo procesará y tendrá derecho a apelar. En un año se podría establecer el juicio oral y medio año después tener condena.
Sin embargo, también puede añadir tiempo al proceso la búsqueda de otros activos que López no pueda justificar. Cabe destacar que el parlamentario del mercosur afirmó en 2015 tener un patrimonio que apenas llegaba a los $ 2 millones. Rafecas ordenó hoy el allanamiento de cinco propiedades del detenido en El Calafate, dos en Río Gallegos, tres en Tucumán y otra en Tigre. Además, inhibió todos sus bienes y decretó el secreto de sumario. A esto se suma la propia estrategia de defensa, la abogada Fernanda Herrera defensora de López aseveró hoy que su cliente «no está en condiciones de declarar» porque «escucha voces y no se acuerda ni del nombre de la gente de su familia».
El destino del dinero
Si López es condenado con sentencia firme, el dinero será decomisado y sus relojes serán rematados, según establece la Ley 20.785. Sin embargo, los fondos irán al presupuesto de la Corte Suprema por la ley de autarquía judicial. Distintas ONG pidieron en los últimos años que el dinero obtenido en el marco de causas por corrupción vuelva a la sociedad con un fin social específico, sin embargo la actual Corte rechazó los argumentos.
“En delitos como trata de personas el dinero decomisado a los criminales va a planes de asistencia a la víctima, pero en caso de corrupción no está tipificado y no vuelve en bienes sociales. En la causa contra María Julia Alsogaray se pidió que el dinero del remate del petit hotel fuera al hospital Garraham pero fue rechazado”, sostuvo la abogada especializada en criminalidad económica Natalia Volosin. La Corte sostuvo en esa oportunidad que asignar este dinero a un hospital público constituye una “liberalidad” que no están autorizados a realizar. Volosin pide que se traten en el Congreso leyes para acelerar la vuelta al Estado del dinero de origen ilícito.
La causa, que estuvo paralizada por ocho años, se chocó con el desesperado accionar de López que provocó un verdadero tsunami político. Ahora, el manual judicial impondría avanzar sobre la familia del ex hombre fuerte de la obra pública ya que es habitual que actúe como testaferro. Además, se deberán evaluar posibles responsabilidades políticas de otros funcionarios a cargo de controlar a López, como el ex ministro y actual diputado, Julio De Vido.
