Unas pocas horas duró el sueño kirchnerista de la legalización del aborto. Desde que el Ministro de Salud Alberto Gollán afirmara por la mañana en el programa “Casi despierto”, que emite Nacional Rock: “Vamos a propiciar un debate maduro sobre el aborto con todos los sectores de la sociedad”, hasta que el jefe de Gabinete Aníbal Fernández lo desautorizara por la tarde con una rotunda sentencia: “La cuestión del aborto no forma parte de nuestra agenda”. Los sectores progresistas del oficialismo vieron, una vez más, obturada la discusión por un derecho negado a las mujeres.

Por Diego Rojas (@zonarojas)

En la Argentina se realizan alrededor de medio millón de abortos por año -el estudio de la CEPAL hecho por Silvia Mario y Edith Pantelides mensuraba los abortos inducidos en el año 2000 en la cifra de 446998 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37695/S0700736_es.pdf?sequence=1 -. Cada año mueren alrededor de cien mujeres como consecuencia de abortos mal realizados. El panorama de desastre debido a las consecuencias de la ilegalidad de esta operación clínica también brinda un retrato social. A pesar de que la legislación no lo contempla, cualquier clínica privada ofrece este servicio a sus clientas por la suma de entre 25000 y 30000 pesos, beneficio al que no pueden acceder mujeres de sectores populares y usuarias del hospital público. Los abortos realizados en condiciones de falta de asepsia y con métodos primitivos -realizados muchas veces por curanderas- producen índices de mortandad que, en las palabras del Ministro Gollán, se convierten en  “la principal causa de muerte materna”.

La experiencia uruguaya -que junto a Cuba, Guyana y Puerto Rico son las naciones latinoamericanas en las que se legalizó el aborto- demuestra que no aumentó´el número de abortos desde que la legislación se aprobara en octubre de 2012 y, por el contrario, provocó que no hubiera muertes maternas en esas intervenciones ni tampoco complicaciones de salud asociadas a esa causa. Las consejerías, un paso previo para que la mujer decida someterse a la intervención con con objetivo de poner fin a un embarazo, señalaron que un 10% de las mujeres decidieron continuar con la gestación. A la vez, esos mismos espacios lograron que las mujeres que se sometieron al aborto definieran un método anticonceptivo para prevenir futuros embarazos no deseados. El 40% de los abortos fueron realizados en el sector pùblico y el 60% en el privado. Los datos demuestran las virtudes de la puesta en marcha de un derecho que afecta a la mitad femenina de la población, a la vez que expone el rol criminal que tiene el lobby clerical, principal obstáculo a la hora de plantear la legalización del aborto en el país.

No es la primera vez que un Ministro de Salud se refiere positivamente a la posibilidad de la legalización del aborto. Ginés Gonzáles García, Ministro de Salud del primer gobierno kirchnerista, había planteado esa situación, sin que el debate frutificara al interior del oficialismo. La razón de esta obturación radica principalmente en la decisión política de la presidenta Cristina Fernández, católica militante y que ha manifestado en varias oportunidades su oposición a la entrada en vigor de ese derecho de las mujeres. Así las cosas, la mitad de la población no goza de un derecho que debería haber entrado en vigencia hace mucho tiempo. Las muertas por esta causa son el peso que azota a quienes quisieran presentar al kirchnerismo como un espacio progresista.