El Gobierno decidió eliminar los topes en los precios de Internet, telefonía móvil y televisión paga. Esta medida, oficializada este jueves a través de la Resolución 13/2024, libera a las empresas de telecomunicaciones de la obligación de mantener los incrementos tarifarios dentro de ciertos límites, permitiendo ajustes más libres y frecuentes en las tarifas.
La decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se alinea con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anula la regulación establecida por el DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como «públicos, esenciales y estratégicos», otorgando al ENACOM la facultad de controlar sus tarifas. Con la nueva resolución, los licenciatarios de estos servicios podrán establecer sus precios de manera independiente, siempre y cuando sean «justos y razonables».
La eliminación de los topes tarifarios significa que los usuarios podrían enfrentar aumentos más significativos en sus facturas mensuales de Internet, telefonía móvil y televisión paga. Anteriormente, los incrementos se limitaban a un 5% y hasta un 10% mensual. Sin estos límites, las empresas tendrán vía libre para ajustar sus tarifas según consideren necesario, lo que genera preocupación entre los consumidores que ya enfrentan una economía en constante cambio.
El gobierno justifica esta medida como un paso necesario para fomentar la competencia y mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Según el DNU 302/2024, el objetivo es «proveer los medios necesarios para lograr un mejor desarrollo de los servicios de telecomunicaciones acorde a las circunstancias fácticas y jurídicas reinantes». La administración sostiene que la desregulación permitirá un mayor dinamismo en el mercado, incentivando una oferta de servicios más amplia y de mejor calidad.
En este contexto, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, destacó la importancia de «restaurar el marco normativo» original, eliminando regulaciones que, según él, limitaban el desarrollo del sector. Sin embargo, esta decisión también implica un desafío para las autoridades en garantizar que los precios se mantengan dentro de parámetros razonables, evitando abusos que perjudiquen a los consumidores.
