La novela por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el gobierno porteño por la redistribución de los recursos de la Coparticipación Federal suma un nuevo capítulo: ahora, la Casa Rosada estudia pedir la devolución de unos 70 terrenos cedidos en 2016 por la Nación a la por entonces flamante Policía de la Ciudad.

Se trata de los inmuebles donde operaba la Policía Federal hasta que Mauricio Macri decidió transferir la competencia porteña de esa fuerza al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. En los hechos, los terrenos eran propiedad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) y eran usufructuados por el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Una de las comisarías sobre las que puso la lupa la mirada oficial fue la 1ª, ubicada en Suipacha 1156 en pleno microcentro, en una apetecible ubicación y gran valor de mercado.

En 2016 se firmaron convenios entre Mauricio Macri y Larreta, en primer término, y luego por los entonces ministros de Seguridad de ambas jurisdicciones, Patricia Bullrich y Martín Ocampo, donde se contemplaba la entrega progresiva «de bienes muebles e inmuebles», en medio de la transferencia de la fuerza policial. Lo cierto es que ahora el Ejecutivo estudia la manera legal de «recuperar» esos predios donde funcionaban comisarías y destacamentos de la Policía Federal: se estima que muchos no fueron escriturados aún.

En este sentido, Jefatura de Gabinete, de quien depende la ex Onabe, estudia hacer una presentación para anular la cesión de los terrenos y que, de esta forma, regresen al estado federal. La movida se enmarca en el conflicto desatado por la decisión de Presidencia de quitar 1,2% de Coparticipaciòn a la Ciudad para destinar esos recursos a la Provincia.

El oficialismo argumenta que Macri le había aumentado en un 3,7% la Coparticipación a la Ciudad para solventar el traspaso de la Policía Federal cuando sólo necesitaba un incremento del 0,9%, es decir, le otorgó casi $45 mil millones de más. Por ello, envío un proyecto al Congreso para fijar en $24.500 millones el financiamiento de la seguridad porteña. Y, en paralelo, trascendió que podría reducir aún más la transferencia de recursos federales al distrito. Ante esta determinación, Larreta presentó este viernes un amparo en la Corte Suprema de Justicia para frenar lo que considera «una medida inconstitucional, improvisada e intempestiva».

Desde comienzos de su mandato, el Ejecutivo viene auditando la cesión y venta de terrenos implementados por el Aabe durante el macrismo. En marzo pasado se frenó la entrega de unos 100 predios implementada casi al finalizar el mandato del ex presidente de Boca Juniors. También se cambió el objetivo de gestión de la Aabe: la administración anterior logró ampliar el registro de bienes a unos 80 mil, y decidió rematar varias decenas recaudando unos 630 millones de dólares. La visión oficial actual busca que las tierras fiscales sean aprovechadas para nuevas urbanizaciones o dar en uso algunas propiedades para atender la emergencia del covid o bien que sea sede gubernamental de algún organismo como ocurrió en el caso del Ministerio de Mujeres e Igualdad.

En el marco de ese proceso de revisión, la mirada oficial se posó sobre unas 70 propiedades cedidas a la Ciudad por el entonces ministerio de Seguridad que conducía Bullrich. «Están analizando los papeles para ver si pueden volver a la órbita federal», contó una fuente gubernamental consultada.

«Se cedieron los terrenos de las comisarías y otros que estaban operativos por  la Policía. Estuvo todo bien hecho y tampoco Patricia se iba a desprender de una propiedad sino estaba todo en regla: no tenía una relación óptima con Larreta precisamente», ironizó una fuente macrista consultada por este medio.

Actualmente, el ministerio de Seguridad porteño opera unas 43 seccionales policiales por lo que en el paquete auditado por Jefatura de Gabinete habría otros inmuebles que eran utilizados por la Policía Federal para su funcionamiento. «Todos tenían una lógica. No se cedió un predio de gran valor como la planta verificadora de calle Montañeses», agregó la fuente consultada.

En el macrismo consideran que la cesión de esas propiedades a la órbita porteña resultaba «lógica» en el marco del traspaso de la competencia policial. «Es lo mismo que ocurrió a principios de los ’90 cuando se transfirieron las escuelas a las provincias», concluyó.