Macri quiere que se avance sobre la procuradora, que presumen será procesada. Garavano incluye cambios en su plan “Justicia 2020”. El rol que tendrá el diputado Sánchez, aliado de Carrió. La funcionaria creó un 36% más de cargos en 5 años, el triple que el resto del Poder Judicial, y pasó a manejar fondos de $1.226 millones a los actuales $4.802 millones.
Después de las elecciones, el Gobierno retomará su embestida contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien Mauricio Macri acusa de ejercer una tarea “militante kirchnerista”, al dar impulso al proyecto que reforma el Ministerio Público Fiscal y, entre otras modificaciones, acorta un mandato que hoy es vitalicio.
Se trata de la iniciativa que el año pasado obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados y cuando iba a ser tratada en el recinto recibió un “frenazo” de Elisa Carrió quien la rechazó por no acordar con “las formas” en la que se buscaba “destituir de hecho” a la jefa de los fiscales.
Ahora una alta fuente del oficialismo le confirmó a #BORDER que trabajan con una espada de la líder de la Coalición Cívica, el diputado Fernando Sánchez -que en diciembre desembarcará en Casa Rosada como asesor de reforma política en la Secretaría de Coordinación Interministerial de Mario Quintana- para apuntalar al proyecto y poder debatirlo en la cámara baja. “Venimos trabajando con Fernando en el tema. Y también tenemos consenso con el bloque del PJ para avanzar en el recinto”, expresó ante la consulta de este medio.
Hace un año Diputados se aprestaba a debatir el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal para, entre otras enmiendas, ponerle a Gils Carbó un plazo al frente del organismo de cinco años de mandato -asumió en 2012-, renovable por otros cinco. Cuando el oficialismo contaba con visto bueno del massismo y del peronismo no kirchnerista, Carrió rechazó la propuesta.
Ahora desde la Coalición Cívica admiten que “estamos trabajando en este tema porque la modificación de las leyes sobre la justicia es importante. La queremos sacar pero no vamos a apurarnos. Este proyecto quedó bloqueado en comisión pero vamos a buscar los consensos necesarios. Pero aún no vamos a apurarnos: no tiene fecha”.
A comienzos de año el Gobierno volvió a emprender su ofensiva contra la procuradora. En ocasión del discurso de Macri durante la asamblea legislativa, varios legisladores de Cambiemos blanquearon en privado la intención de avanzar contra la funcionaria judicial.
A fin de protegerse frente a una eventual denuncia de persecución, en Casa Rosada argumentan que la reforma del Ministerio Público se enmarca en el marco del paquete de leyes del plan “Justicia 2020” que impulsa el ministro del área, Germán Garavano, como las sancionadas leyes de Flagrancia, del Arrepentido, de Víctimas y la media sanción a la Responsabilidad Penal Empresaria.
Empero, este año el oficialismo impulsó la denuncia judicial contra Gils Carbó en la que se investigan irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración General, que incluye el presunto cobro de dádivas. “Seguro van a terminar procesándola por la compra del edificio”, aventuró el colaborador del presidente consultado.
«Este es un elemento más para demostrar que no tiene autoridad moral para ejercer el cargo de Procuradora; no sólo es militante kirchnerista, sino que no ha impulsado la lucha contra el delito, ni la lucha contra la corrupción porque ha dilatado todos los procesos de investigación sobre hechos de corrupción del gobierno anterior», declaró Macri al conocerse la decisión del juez Julián Ercolini de citar a indagatoria a la funcionaria. En las últimas horas se supo que quien defenderá a Gils Carbó será el ex ministro León Arslanian, también integrante del tribunal de Juicio a la Juntas, quien reemplaza a Alejandro Rúa.
Lo cierto es que en Gobierno también apuntan al crecimiento exponencial a nivel presupuesto y recursos humanos que tuvo la Procuración en los últimos 5 años en detrimento de otros estamentos del Poder Judicial. “Con el caso Maldonado quedó en evidencia la pobre estructura de muchas fiscalías federales, en este caso en Esquel. Mientras la Procuración crecía en nombramientos, se suman quejas de muchas fiscalías por falta de recursos”, amplió la fuente consultada.
Según datos oficiales, entre 2012 y 2017 la Procuración registró un aumento del total de cargos del 36% contra un 12% en promedio del Poder Judicial de la Nación. Bajo la gestión de Gils Carbó, por ejemplo, se cuadruplicaron los secretarios de Procuración y los secretarios-letrados de fiscalías de primera instancia pasaron de 321 a 475.
En tanto, en los últimos cinco años el Ministerio Público Fiscal aumentó su presupuesto un 305%: pasó de $1.226 millones a los actuales $4.802 millones.
El gasto en personal siguió una tendencia similar al subir un 308%: en el mismo período trepó de $1.126 millones a $4.593 millones.
Con dicha estadística el Gobierno buscará sumar masa crítica contra la procuradora a fin de ganar adhesiones cuando intente llevar al parlamento la iniciativa que haga caducar su mandato.
