Con el triste récord de 17 semanas sin clases en la provincia de Chubut y un paro docente que se define en estas horas si se prolongará aún más, el gobernador Mariano Arcioni sigue pagando los costos políticos de sus desmanejos y sus promesas incumplidas.
La escalada de las protestas hizo que el reelecto mandatario chubutense le pidiera la semana pasada la renuncia a su funcionario más emblemático, el ex ministro coordinador Federico Massoni. Ahora, tras esta investigación de #BORDER, deberá evaluar la continuidad de su asesor más cercano, su secretario privado, Alejandro Santilo.
Arcioni debió pedir la salida de Massoni -con “sumo dolor”, según expresó en un mensaje grabado como falso vivo en el canal provincial, en el que gobernador mostró su enojo por deber tomar esa medida, según testigos, casi arrojando el micrófono luego de la grabación.
Fue tras un reclamo en Rawson que derivó en la represión de la policía provincial, a cargo desde siempre de Massoni- y en una detención de tintes ilegales de uno de los sindicalistas docentes, Santiago Goodman, quien incluso fue mantenido incomunicado dentro de una oficina de la mismísima casa de Gobierno provincial.
El escándalo tuvo inmediata escalada nacional y habría colmado la paciencia del presidente electo Alberto Fernández con el aliado que más dolores de cabeza le trae y a quien heredó en el cobijo del Frente de Todos a través de Sergio Massa. Y habría sido el propio Massa, futuro presidente de la Cámara de Diputados, el encargado de trasladar el hartazgo kirchnerista y la necesidad de darle salida a su colaborador para descomprimir la situación. Pero tal vez no sea el último.
Es que Alejandro Hernán Sandilo, su secretario privado, lleva facturados 4.782.411 pesos a las arcas provinciales, mediante una empresa propia. La cifra corresponde solo a lo cobrado solo durante 2019 y hasta el mes de octubre, a través de la firma Rontgen SRL, una prestadora de servicios de diagnóstico por imágenes que es proveedora de Seros, la obra social obligatoria de los empleados públicos chubutenses, que es administrada por el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) del Chubut.
Sandilo es técnico radiólogo y constituyó la firma Rontgen como una sociedad de hecho, en febrero de 2015, que tenía de sede su propio domicilio, en Playa Unión. Desde entonces comenzó a prestar servicios para la obra social estatal, pero las cifras eran otras. Por caso, presentó facturas por $13699.94 para el mes de octubre del 2015.
Según registros a los que accedió #BORDER, Rontgen Sociedad de Hecho le facturó a Seros al menos otros 3.997.963,14 pesos, entre 2015 y abril del 2018. La firma entonces registraba una sola empleada. En 2017, la sociedad recibió la habilitación de dos de sus equipos -de elevados costos- por parte de la Dirección Provincial de Fiscalización y Matriculación del Ministerio de Salud: un ecógrafo y un equipo de mamografías.
Pero este año la facturación de la empresa creció exponencialmente y obligó a Sandilo a cambiar su firma a una SRL. Según fue publicado en el boletín oficial de la provincia el 27 de agosto pasado (página 21) -en pleno conflicto provincial- la firma cambió su estatus el 29 de abril pasado y pasó a tener sede social en la calle Juan de Garay al 1600, en Trelew. Allí es el mismo domicilio que declara una de sus socias, la médica Norma Quintas.
En lo que va del año, Rontgen le facturó a la obra social estatal:
- En enero, $332.552,76
- En febrero, $460.283,76
- En marzo, $470.337,43
- En abril, $397.071,41
- En mayo, $633.500,13
- En junio, $516.450,53
- En julio, $501.950,27
- En agosto, $392.855,22
- En septiembre, $387.832,20
- En octubre, $689.577,74
El otro socio de Sandilo en la firma es el traumatólogo Miguel Ángel Villecco, que a su vez es director de Reconocimientos Médicos del Ministerio de Salud provincial. Por sus cargos, al menos Villecco y Sandilo estarían en falta con la Ley de Ética Pública provincial, que impide que los funcionarios sean proveedores del Estado.
Esa misma norma llevó a la cárcel al antecesor de Sandilo en su puesto, Diego Correa, ex secretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves, quien hizo contratar a una empresa constructora propia desde su lugar de influencia, incluso adjudicándose expedientes el mismo día en que Das Neves fallecía. Otro ex secretario privado dasnevista, Gonzalo Carpintero, también es investigado por enriquecimiento ilícito.
Paradojas del poder, Sandilo debió declarar en septiembre en la causa “Embrujo” -que investiga a Correa- como testigo. Es que el ex secretario le recomendó a un empleado para construir una pileta en su casa. Sandilo admitió que “la obra quedó perfecta”, que no hubo factura por el trabajo y que el presupuesto que le presentaron llevaba el membrete de Dual Core, la firma investigada de Correa. “Saqué un préstamo en el Banco Chubut que todavía estoy pagando”, dijo entonces Sandilo.
El caso de Sandilo parecería tener similaridades con la causa Tesla, en la que se imputó al ex presidente del ISSyS, Cristian Eguillor, por aumentar el pago de estudios de diagnósticos por imágenes desde Seros a la firma Tesla, de Trelew, de la que se presumía que Equillor era su contador.
En rigor, el cargo de secretario privado Sandilo lo ocupa ad honorem, ya que privilegia su muy superior sueldo de rango de jefe de Departamento en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano. Además, en julio renovó su puesto en el directorio de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia TRANSPA SA. Fuentes chubutenses recuerdan que al principio de asumir como secretario, Sandilo habría cobrado sus viáticos a través de la Legislatura provincial.
Con la información en mano, contactamos a Sandilo para que diera su versión.
#BORDER: ¿Cómo explica que la empresa Rontgen le haya facturado más de 4 millones de pesos a la obra social de la Provincia?
Alejandro Sandilo: ¿En lo que va del año? Es imposible eso. Ojalá. Dios te escuche. La facturación empezó en 200, 250 mil pesos en enero. Después llegó a 400 mil. El mes que más se facturó fueron 500 mil pesos. En once meses no llegamos a esa cifra ni de casualidad.
#BORDER: Si habla de 400 mil pesos por mes en 10 meses tiene 4 millones.
Sandilo: Sí, pero no. Los primeros meses fueron muy bajos y todo varía por el aumento de los valores de Seros. Pero, bueno, ponele que sea esa facturación. Pero el tema es que nosotros, como cualquier proveedor de la obra social, no es que tenemos un contrato especial con la obra social o con el hospital. En el lugar físico donde tenés tu equipo hay un posnet donde la gente pasa, viene a atenderse y tiene que pasar la tarjetita. Si vienen diez, facturás diez y si viene uno, facturás uno. Y eso es lo que cobrás. No hay un contrato con un monto fijo, es variable a la gente que venga. Y los pacientes vienen por decisión de ellos, no es que nadie los obligue.
#BORDER: Pero la firma es proveedora de la obra social estatal y debe tener un alta como tal.
Sandilo: Sí, obviamente.
#BORDER: Y además usted y uno de sus socios son funcionarios públicos.
Sandilo: Pero nosotros lo tenemos de antes al equipo. La empresa, de mucho antes.
#BORDER: Se creó en 2015. ¿No le parece incompatible?
Sandilo: Pero nosotros veníamos facturando antes, lo que pasa es que no le pudimos dar el alta y la dimos en 2015. No éramos ni Gobierno todavía. Pero cualquier médico que sea funcionario del Estado trabaja a la tarde en su consultorio y le factura a Seros. Ahí también sería incompatible, como vos lo planteás.
#BORDER: Usted no es médico.
Sandilo: Soy técnico radiólogo. Le facturo por mi profesión, por prestaciones de rayos.
#BORDER: ¿Entonces cree que no es incompatible con la ley de Ética Pública?
Sandilo: Incompatibilidad legal no tiene ninguna. Cuando a mí me empezaron a hinchar las pelotas con esto fui a a la justicia y pregunté porque no quiero ensuciarme ni a mí ni al gobernador. Porque si es así, yo renuncio a mi cargo y me voy a trabajar a mi profesión, que es lo que me va a durar toda la vida. Y que lo hago hace 30 años. No hay exclusividad ni nada.
#BORDER: En la causa Tesla, que se está investigando, la situación es similar.
Sandilo: Ahí había un contrato de exclusividad donde obligaban a los pacientes a ir. Con ese criterio el director del hospital de Rawson es el dueño de los dos centros de salud más grandes de la ciudad. Y le facturan al Estado.
#BORDER: Por la facturación tuvieron que cambiar de SH a SRL…
Sandilo: Eso se cambia porque nuestro contador… es porque la regularizamos y pusimos en blanco a mucha gente.
#BORDER: Ah, bueno…
Sandilo: Era gente que heredamos cuando compramos los equipos. Los heredamos a los técnicos. Se los compramos al médico Alejandro Sarriés, un médico muy famoso que falleció. Eran dueños de unos equipos que están en Rawson. Nosotros trabajábamos en el mismo lugar físico donde Sarriés tenía los equipos, donde alquilamos. Eso era antes la Asociación Mutual de Empleados Provinciales (AMEP), que después lo vendieron y lo compró el Instituto Cardiovascular de Rawson. Es un lugar físico que queda frente al Ministerio de Salud, en Rawson.
#BORDER: La empresa no da ese domicilio.
Sandilo: Ahí está la otra. Cuando te inscribís como empresa si no tenés un lugar físico propio no podés poner un lugar alquilado como domicilio legal. En un principio pusimos el mío, después el de mi socia y ahora el de Villecco, lo cambiamos de vuelta porque ella se mudó.
#BORDER: Usted está convencido de que no hay incompatibilidad. ¿Cómo explica que un secretario privado del gobernador facture cifras millonarias cuando no se pagan los salarios estatales en la provincia?
Sandilo: Los salarios se pagan.
#BORDER: En cuotas.
Sandilo: Pero Seros le paga a todo el mundo.
#BORDER: ¿Sí?
Sandilo: Sí, claro.
#BORDER: ¿Y cómo califica la atención de la obra social?
Sandilo: Bueno, eso es ya otro tema. En lo personal tengo una hija con discapacidad, tengo que usar mucho la obra social y nunca me falló. Y tengo a mi hija hace 6 años, no sé por qué será, si es por la discapacidad.
#BORDER: Son cosas imposibles de saber, si son porque funcionan o porque son ventajas de ser funcionario ¿no? Por eso le decía que existen leyes como la de Ética Pública.
Sandilo: No, por supuesto. Pero este tema a mí no me hace ni cosquillas. Estoy más que tranquilo. Ahora los malintencionados que generan esto no es que les interesa Alejandro Santilo, les interesa el gobernador.
#BORDER: Pero justamente, se lo cuestiona por ser su secretario y cobrar como proveedor del Estado. Y porque en una provincia que cobra salarios en cuotas su empresa lo hace normalmente.
Sandilo: Todas las empresas. Y estamos cobrando a 90 días atrasados. Como los demás. Por eso todos los viernes los médicos le cortan el servicio a Seros y se lo reabren el viernes. Porque no les pagan. Y eso estamos también nosotros. Nos pagan cuando le pagan a todos. Pero yo me asesoré hasta con el Ministerio Público Fiscal de acá, de la provincia, y me dijeron que no hay ninguna incompatibilidad, Y me dijeron que está todo legal.
En #BORDER ya habíamos mencionado a Sandilo cuando investigamos los vuelos del avión provincial y los pasajes pagados por la Provincia para el gobernador Arcioni.
Entonces revelamos la contratación de al menos 17 vuelos de línea, en su gran mayoría para el tramo Trelew-Buenos Aires-Trelew para el gobernador y su secretario Sandilo. Pasajes pagados al menos 506 mil pesos, a través de la agencia Integral Technology Supply SA, radicada en Puerto Madryn y creada por el abogado José Oroquieta, socio en el buffet del ex fiscal de Estado chubutense, Diego Martínez Zapata, considerado en el mundillo político provincial como un asesor informal del gobernador Arcioni.
Mientras el gobernador pasa de ofrecer pagos de sueldos en cuotas a descontar a mansalva a empleados que hayan -o no- participado de los paros, los pagos para las empresas proveedoras como Rontgen, del secretario Sandilo, lejos estarían de sufrir excesivas demoras. Muchas menos, al parecer, que las que sufren los afiliados de la obra social de Chubut para ser atendidos. Y tampoco cobran en cuotas.
