Un padre de un niño con autismo, empleados que habían asumido su cargo ante el fallecimiento de un familiar producto de un beneficio del convenio colectivo de la actividad, son algunos de los casos del centenar de despidos que en las últimas horas decidió el PAMI, lo que genera dudas sobre la capacidad de prestación de la obra social de los jubilados en medio de la emergencia por el coronavirus y sobre el futuro laboral de los damnificados dado que se descuenta una crisis económica en ciernes a consecuencia del avance de la pandemia.
En BORDER habíamos informado que el 31 de marzo vencen contratos de miles de trabajadores y funcionarios que están siendo revisados por cada uno de los ministerios: en privado, se comenta que es el comienzo de la última poda de empleados que asumieron con el macrismo.
Por eso no sorprendió que a comienzos de esta semana comenzaran a llegar telegramas de despidos a unos 100 agentes del PAMI entre los que se cuentan quienes ingresaron con Cambiemos al estado pero también empleados rasos o jefes que lograron el ascenso en los últimos cuatro años.
No son contratados sino que gozan de estabilidad ya tienen una vinculación «por tiempo indeterminado». Los cesanteados dicen que se trata de la «primera tanda» de cesantías y que el plan prevé unos mil despidos a lo largo del año.
Denuncian que son blanco de una política persecución política implementada por Recursos Humanos del organismo que incluso desplegó «en una cartulina gigante» los legajos de los cesanteados.
Quien primero alertó sobre lo sucedido fue la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI), quien instó a las autoridades del organismo a abrir una instancia de diálogo «para encontrar una solución al conflicto».
En diálogo con este medio, Esteban Ceballos, secretario de prensa del gremio, reconoció que la cifra de despidos podría incrementarse» en una entidad de labor clave en el cuidado de los adultos mayores, el más vulnerable de los grupos de riesgo de contagio y fallecimiento por COVID-19. El gremio rápidamente se declaró en “estado de alerta” y no descarta la convocatoria a medidas de fuerza.
En ese marco, Ceballos contó: «Le dijimos autoridades que no es el momento y que hay que discutir caso por caso. Siempre los trabajadores pueden ser relocalizados», y lamentó: «Presumimos que esto se va a profundizar con más despidos, Estamos alertándonos con discusiones en los cuerpos orgánicos a los efectos de estar preparados».
El gremialista dijo que «es absurdo que consideren que tienen que echar a los que vinieron con el macrismo. Nuestro convenio establece que ante el fallecimiento de un padre o madre en actividad pueda ingresar un hijo a ocupar su lugar. Y hay casos de este tipo que sucedieron en 2016 y ahora fueron echados. No tiene que ver con el ingreso político durante el macrismo».
También remarcó que «hay personal de carrera que fue desplazado de sus cargos: gente que estuvo 10 años en un área y por ahí se le reconoció la jefatura en 2018 y cayó en la bolsa. Queremos evitar que esta medida se extienda a quienes ingresaron como trabajadores rasos». No desconoce que entre los cesanteados hay que «gente que entro mayoritariamente por encima de la base de escala, profesionales con título universitario. Pero no queremos una carnicería» en el organismo.
Uno los casos injustos de despidos en la obra social es el de Eduardo, un abogado que desempeñaba como subgerente y al asumir Luana Volnovich al frente del organismo, fue bajado de categoría. Es padre de un chico con autismo, por lo que necesita seguir trabajando para contar con una obra social que le permita costear el tratamiento. Actualmente está en cuarentena por el coronavirus por un cuadro respiratorio de base y está abocado a resistir el despido con intimaciones judiciales.
«Los despidos ya fueron ordenados. Son masivos. En mi caso necesito para obra social de forma urgente», reseñó, quien ingresó al organismo en 2018 pero con experiencia de más de 10 años en el sector público; anteriormente se trabajaba en Transporte. «Dicen que van por los puestos políticos pero acá cayeron coordinadores y jefes de división sin tantas facultades», declaró y no duda en afirmar que «es la primera tanda» de un plan de reducción de la plantilla que podría llegar a las mil cesantías.
El caso despertó la reacción de dirigentes opositores. Tal fue el caso del intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien a través de su cuenta de Twitter, disparó: «En plena pandemia el gobierno echó a más de 400 trabajadores de PAMI por razones políticas. Los Presidentes del @proargentina de todo el país pedimos que frenen los despidos selectivos a los trabajadores de la salud por su inclinación política».
