Se unificaron proyectos se unificaron con el consenso de todos los bloques de Diputados, pero están trabados. En el oficialismo descartan que se pueda aprobar antes de octubre.
La excusa del sciolismo para negarse a participar del debate presidencial previsto para el 4 de octubre fue la ausencia de una «ley que le dé un marco serio al debate». En eso estaba la Cámara de Diputados hasta julio, cuando la discusión entró en stand by por la campaña para las PASO.
Había nueve proyectos de ley presentados por la oposición que establecían la obligación de que los candidatos presidenciales debatieran. El oficialismo, entusiasmado por la posibilidad de quitarle al canal TN, del Grupo Clarín, su histórica chapa de organizador de los debates electorales, le dio luz verde a la iniciativa.
Así fue que se conformó una subcomisión con diputados de todos los bloques, quienes finalmente lograron consensuar un único proyecto de ley. Esa iniciativa tuvo el visto bueno de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comunicaciones e Informática. Sin embargo, no prosperó en las de Presupuesto y Hacienda y de Justicia, cuya firma hubiera permitido que el tema se vote en el recinto.
«Los únicos proyectos que salen rápido son los que quiere el Gobierno. Cuando no hay instrucciones precisas, la cosa sigue los tiempos de la Cámara», explicó una fuente del bloque del Frente para la Victoria a #Borderperiodismo, consultada sobre el estancamiento de la iniciativa en las comisiones.
Ahora, el proyecto ya no tiene chances de prosperar antes de las elecciones de octubre. Los motivos son dos, uno político y otro reglamentario. En primer lugar, en el oficialismo a nadie se le ocurre apurar la sanción de la iniciativa ahora que Daniel Scioli le bajó el pulgar al debate. Y en segundo lugar, el proyecto estipula 30 días para la organización y los tiempos ya no darían.
Los proyectos que se unificaron en esa iniciativa fueron presentados por los diputados Carla Carrizo (Suma+); Adrián Pérez y Alberto Asseff (Frente Renovador); Omar Duclós (GEN); Oscar Aguad (UCR); Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco); Patricia Bullrich (PRO) y Guillermo Durand Cornejo (Partido Conservador Popular).
Qué dice el proyecto
-Los candidatos que superen la instancia de las primarias «están obligados a participar de un debate público en el que expondrán a la ciudadanía las propuestas relativas a su plan de gobierno».
–La Cámara Nacional Electoral tiene a su cargo la organización del debate. Debe elaborar para cada año electoral las reglas generales del debate «garantizando el derecho a réplica y el trato igualitario entre los candidatos». También será encargada de «implementar un mecanismo participativo» previo al debate para que la ciudadanía exprese cuáles son los temas prioritarios.
-Será también la Cámara Electoral la que elija al moderador o los moderadores del debate, así como la fecha, lugar y horario, cuando no hubiere acuerdo unánime entre los candidatos.
-Para ponerse de acuerdo en esos puntos, la Cámara debe organizar una audiencia con todos los candidatos presidenciales al menos 30 días antes de la elección general.
–Los debates serán transmitidos en vivo y en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y a través de internet. La señal debe ser puesta a disposición gratuita de todos los medios públicos o privados del país que deseen transmitir el debate.
-Si alguno de los candidatos se negara a participar «sin razones justificadas», todos sus anuncios radiales y televisivos de campaña serán precedidos por 20 segundos en los que se informará a la audiencia que ese espacio «ha sido cedido por la Dirección Nacional Electoral a una agrupación política cuyo candidato a Presidente no cumple con la obligación de debatir».
Costumbres argentinas: el que gana no debate
La decisión de Daniel Scioli de no concurrir a la convocatoria de la organización Argentina Debate no es sorpresiva. Habitualmente, quien va primero en las encuestas le huye a la confrontación en vivo y en directo con sus rivales, por miedo a que se le escape la victoria.
Pero no es sólo un atributo de quienes van primero en las encuestas, sino que la reticencia a debatir es común a casi todos los oficialismos, o meior dicho, a todos dirigentes que, al momento de la elección, están a la cabeza del Poder Ejecutivo. Y es que es muy difícil que una gestión de gobierno sea inmune a las críticas.
Aquel que gobierna, siempre tiene más para perder en los debates que la oposición, dado que toda gestión tiene puntos flacos que son blanco de las críticas. Por ejemplo, si Scioli participara de un debate antes de las elecciones del 25 de octubre, está cantado que los otros candidatos apuntarían a las recientes inundaciones en la Provincia y a su inoportuno viaje a Europa en medio de esa crisis.
Meses atrás, los candidatos a jefe de Gobierno porteño debatieron en el canal TN y el más golpeado fue, lógicamente, el macrista Horacio Rodríguez Larreta. Habiendo estado ocho años en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, era imposible que sus rivales no le hicieran críticas y preguntas que lo descolocaran.
Sin embargo, la reticencia a participar de los debates por parte del que va ganando está sobrevalorada. La historia demuestra que en la Argentina, los debates entre candidatos influyen muy poco en el voto. De hecho, Rodríguez Larreta ganó las elecciones porteñas pese a haber sido el más castigado en el debate.
