Los legisladores oficialistas sumaron apenas 4 proyectos que llegaron a ley, mientras que los opositores, otros 8. El resto fueron leyes originadas de acuerdos. Los datos corresponden al primer semestre del año y surgen en un trabajo de la Fundación Directorio Legislativo. En similar período de 2015 el kircherismo había aprobado 40 proyectos propios sobre 45 totales. Hay más debate pero a los oficialistas les preocupa la baja iniciativa del Ejecutivo. Lo que queda pendiente.
Las elecciones están a una línea del almanaque y, mientras los analistas políticos estudian cómo impactará en la coyuntura nacional y en el mundo cuál de los dos extremos -macrismo o kirchnerismo- se imponga en los comicios, los políticos más despiertos quieren saber otra cosa: cómo va a quedar compuesto el Congreso.
Una investigación de la Fundación Directorio Legislativo sobre el primer semestre de este año acaba de demostrar que el Congreso ya no es una escribanía, y que eso tiene costos reales y palpables para todos.
De las 27 leyes sancionadas -es decir, propuestas aprobadas por las dos cámaras y convertidas en ley- solamente 9 fueron proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, mientras 8 fueron redactados por bloques de la oposición.
El oficialismo, representado en el bloque de Cambiemos, por su parte, sólo redactó 4 de los proyectos que llegaron a convertirse en ley. Y el resto estuvieron escritos de común acuerdo entre oficialismo y oposición.
“Se terminó de certificar el fin de la escribanía kirchnerista”, lo graficó a #BORDER un dirigente de Cambiemos, que tampoco estaba muy contento con lo que quedó como reemplazo. Es que 9 leyes enviadas por el Ejecutivo es un número históricamente bajo, y es un dato que no pasa desapercibido.
En el primer semestre de 2015, el último año que gobernó Cristina Kirchner, el mismo relevamiento de Directorio Legislativo –al que accedió #BORDER- había arrojado que de las 45 leyes sancionadas en el primer semestre, 22 venían del Poder Ejecutivo y 18 más del bloque kirchnerista. Es decir que 40 leyes, de 45, venían del oficialismo. De la comparación surgen dos datos. El primero es que durante el kirchnerismo, el Ejecutivo y su partido de referencia tenían la iniciativa y el control en el parlamento.
El segundo es que el número de leyes era mayor a las que se aprobaron este semestre: 27 leyes en 2017 contra 45 en 2015, comparando primeros semestres, ya que los segundos tuvieron la atípica lógica de los años electorales.
Sin embargo ese mismo trabajo de 2015 aporta un dato llamativo: tomando el trienio 2013-2015 (que abarca la mayor parte del segundo gobierno de la ex presidenta) se comprobó que año a año iba bajando el número de sesiones realizadas mientras subía el número de proyectos aprobados.
“¿Se sancionan más proyectos por sesión porque diputados y senadores son más eficientes, o porque la profundidad del debate es menor?”, se preguntaba ese año el informe semestral de Directorio Legislativo.
La pregunta es muy pertinente si se tiene en cuenta que en el primer semestre de 2015 hubo solamente 8 sesiones, que alcanzaron para aprobar 45 leyes, es decir: se sancionaban más de 5 leyes por sesión. En cambio, en lo que va de 2017 hubo 15 sesiones para aprobar 27 leyes: menos de dos leyes por sesión.
Así las cosas, queda claro que con el Congreso dividido en tercios -entre Cambiemos, el kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista- el Gobierno tuvo que remar cada ley y usar un mayor número de sesiones para poder aprobar una cantidad de leyes mucho menor a las que se lograban antes, cuando las iniciativas llegaban y se iban a libro cerrado, por la pública negativa de Cristina Kirchner a aceptar cualquier modificación.
Esa redundaba en un menor tiempo promedio para su aprobación (sobran los casos de aprobación en ambas cámaras en 15 o 20 días), menos necesidad de sesiones (se tomaban muchos proyectos juntos) y también menos debate y discusión de cada iniciativa.
¿Qué deparará el resto de 2017? Lo que pueda hacerse después de octubre -hasta las elecciones, se sabe, es tiempo perdido- cuando el Gobierno pretende debatir una reforma fiscal que elimine impuestos regresivos, una reforma política que elimine la lista sábana y una nueva ley penal juvenil que sancione a los mayores de 14 años.
De paso -y en campaña- Cambiemos recordó que los senadores tienen cajoneada la ley de Extinción de Dominio (que devuelve al Estado los bienes sustraídos por corrupción) y que tampoco logra aprobar la ley de Responsabilidad Penal Empresaria (que castiga a aquellos que paguen coimas) entre otras iniciativas que necesita para demostrar que su discurso de pelea a la corrupción no es solo declamativo.
Pero no son los únicos interesados. El bloque que conduce Sergio Massa busca pista para aprobar varias de las medidas económicas (hasta ahora lo logró presionando al oficialismo) y ciudadanas que promete en su campaña, como la baja del IVA.
Y el Frente para la Victoria estuvo varias veces a un paso de rechazar varios decretos que firmó el presidente Mauricio Macri en el Congreso, mientras un buen número de bancas en el Senado dejará a la futura senadora Cristina Kirchner con un gran poder de maniobra y le dará un lugar para lucirse en desmedro de Miguel Pichetto, hasta ahora jefe moderado de la bancada.
De los apoyos que logren unos y otros estas semanas que quedan antes de las elecciones de octubre dependerá conseguir o no todo lo que quieran hacer en los próximos dos años.
