En la era de Macri, las provincias han recuperado independencia económica. Esta holgura da paso a mayores grados de libertad política, y el calendario electoral da cuenta de ello.
En el día de ayer fue publicado el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el que el Estado Nacional deberá restituirle 15.000 millones de pesos a la provincia de San Luis en concepto de coparticipación adeudada.
El origen del conflicto se remonta al año 2006, cuando en la ley de Presupuesto se incluyó un artículo por el que se prorrogaba unilateralmente una detracción del 15% de la masa coparticipable, con destino al financiamiento del ANSES.
Si bien la cuestión de fondo había sido resuelta en favor de San Luis hacia fines de 2015, restaba establecer las pautas para el cálculo del monto a ser resarcido. El criterio elegido ha sido el de aplicar una tasa pasiva y sin capitalización de intereses, además de no establecer un plazo cierto para su ejecución.
Naturalmente, y si bien no colma completamente sus expectativas, el fallo constituye una excelente noticia para las arcas provinciales y un muy buen augurio para la provincia de Santa Fe, cuya demanda presenta una tramitación de similar índole y podría significarle una compensación del orden de los $60.000 millones.
La contracara natural de esta situación son las finanzas nacionales, que en un año donde se ha establecido el objetivo de déficit primario cero deberá hacer malabares para hacer frente a estos compromisos, los cuales seguramente intentará reprogramar.
En términos más generales puede afirmarse que estos tres años de gestión de Cambiemos han sido de relativa bonanza económica para las finanzas provinciales. Si observamos los números, para el año 2015 tan sólo siete provincias mostraban equilibrio en sus cuentas (San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, La Rioja, Tucumán y Formosa), mientras que los 17 restantes jurisdicciones arrojaban distintos niveles de déficit fiscal.
Para el año 2018, y utilizando los datos al tercer trimestre que compila el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), sólo 3 provincias muestran déficit fiscal financiero: Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En rigor, también Córdoba y Corrientes, aunque el informe plantea que, de proseguir la tendencia observada -con caída del gasto corriente por licuación- dejarían de tener déficit financiero en lo inmediato.
Del otro lado de la tendencia 12 distritos cambiaron su signo negativo por el positivo, algunas con números rutilantes como Neuquén (de -14,2 a 3,4%), Misiones (de -13,5 a 3%) o Chubut (de -11,2 a 7,3%). En el mismo sentido lo lograron La Pampa, Catamarca, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y la Capital Federal.
De la misma forma y en promedio para las 24 jurisdicciones, la recaudación propia representa un 51% de los recursos totales, cifra que se encuentra en marcado ascenso en los últimos años.
Buena parte de esta consolidación fiscal se ha dado por el incremento de las transferencias automáticas que perciben las provincias. Recordemos que aquellas que no iniciaron una demanda ante la Corte, de igual manera pactaron con la Nación la restitución de este 15%, a razón de un 3% anual hasta el año 2020.
Ahora bien, esta evolución no sólo puede leerse en clave económica. El equilibrio alcanzado tiene bastante que ver con el contrapeso político que el Gobierno Nacional ha tenido que transitar, muchas veces realizando concesiones en busca de los consensos necesarios para sus iniciativas en el Congreso Nacional (tal vez la más recordada, el ajuste en el cálculo jubilatorio de finales de 2017).
De esta manera, numerosos gobernadores, independientemente de su color político, han allanado el camino hacia su reelección con obras y “caja”. Esta independencia económica les ha permitido trazar calendarios electorales que los “despegan” de una contienda presidencial que avizoran reñida y que los coloca en una posición inmejorable para sopesar sus apoyos.
En definitiva, sea por genuina voluntad o por conveniencia, el proceso de federalización de los recursos tributarios es una buena noticia. Claro está que persisten notarias asimetrías entre provincias (Buenos Aires es un claro ejemplo), pero si la búsqueda es fomentar un desarrollo económico verdaderamente armónico en todo el territorio nacional, la tendencia observada parece ir en la dirección correcta.
