Es la esposa del ministro de Gobierno de Santa Cruz, Fernando Basanta, y quiere ser vocal del Tribunal de Cuentas provincial. No la dejan porque no es compatible que controle a su propio esposo y ella denuncia que en realidad ese impedimento se debe a un caso de violencia de género. No hay remate.
Se llama Romina Gaitán, actualmente ocupa el lugar de síndico del Banco de Santa Cruz que dejó vacante el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, que está preso en Ezeiza por la causa Hotesur. Fue propuesta por la gobernadora Alicia Kirchner como vocal del órgano que controla cómo se manejan los dineros públicos en la provincia y la Justicia le impidió asumir.
La propuesta de la gobernadora fue frenada por la obvia incompatibilidad y Gaitán denunció ser víctima de “violencia de género».
Alegó que la medida judicial respondía únicamente a su “estado civil” y a su “condición de mujer” y como frutilla del postre, aseguró que la decisión en su contra impedía “el normal desenvolvimiento de las instituciones democráticas” por lo que apeló la decisión del juez.
El asunto comenzó el último 25 de octubre cuando el gobierno provincial envió los pliegos de Gaitán para su aprobación. En cuestión de días -el 16 de noviembre- la Legislatura provincial, de mayoría kirchnerista, los aprobó.
Pero el revés ocurrió hace pocos días cuando el juzgado provincial de primera instancia número 2 de Río Gallegos, a cargo de Francisco Marinkovic, que hizo lugar a una presentación judicial hecha por el Vocal por la Minoría (que corresponde a Cambiemos) ante el Tribunal de Cuentas, Javier Stoessel, y le impidió asumir.
En ese fallo el magistrado intimó a la presidencia del Cuerpo auditor para que “se abstenga de tomar juramento y poner en funciones” a Gaitán “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, que vendría a ser si puede ocupar un lugar en el Tribunal que audita al gobierno provincial del que forma parte su marido.
En un texto furibundo de 27 páginas -al que tuvo acceso BorderPeriodismo- Gaitán apeló la medida, con argumentos que acusan directamente de “violencia de género” al pedido en su contra y a la decisión que le hace lugar.
“Queda expresamente demostrado, tanto en la demanda como en la sentencia de autos, que estamos en presencia de un accionar violento hacia mi persona en razón del género, dado que no se alega otra causal que no sea mi estado civil, sin analizar mi capacidad técnica y jurídica, mi experiencia laboral y mi honorabilidad y reputación”, escribió indignada.
En las 27 páginas, la abogada menciona 12 veces su “estado civil” y 8 veces su condición de “mujer” para decir que ese es el único motivo por el cual se la cuestiona y que se trata de un caso de “discriminación” hacia su género, palabra que usa en 6 oportunidades.
“Sus palabras denotan un accionar difamatorio y agraviante hacia mi dignidad personal, que se agravan al argüir un posible accionar ilegal en virtud de mi estado civil”, dice por ejemplo, entre otros párrafos muy similares.
“Sorprende el grado de liviandad con la que se presenta el accionante alegando como única causal el estado civil de una persona sin el menor esfuerzo de comprobar tal situación”, dice en otro lugar.
Y por si había dudas aclara: “La circunstancia de mi estado civil no invalida mis acciones”.
Consultado por BorderPeriodismo, Stoessel (el denunciante) consideró que todo el escrito es “una manipulación lamentable del discurso de violencia de género con el solo propósito de desacreditar y generar adhesión”
“Desvirtúa la lucha contra la violencia de género y la menoscaba”, concluyó. El vocal de Cambiemos recordó todos los acuerdos internacionales que suscribió nuestro país en materia de lucha contra corrupción y transparencia, todos contrarios a la desginación de familiares y allegados en puestos claves de control (y en otros) como en este caso.
“Si un familiar directo de un ministro es el que tiene que resolver sobre la aprobación de su gestión, cualquier ciudadano de Santa Cruz esta autorizado a suponer que el control no existe, y que es un mecanismo meramente simbólico”, consideró.
Pero Gaitán nunca mencionó estas objeciones en su apelación, por
el contrario, consideró que las acciones en su contra violan sus derechos constitucionales y acusó a la Justicia de «tener una doble vara» por no objetar la afiliación del denunciante a Cambiemos.
«Cabe la apertura de la actuación judicial preventiva por mi estado civil, en mi condición de mujer, pero se omite analizar la condición del apoderado de Cambiemos… y presidente de la Junta Electoral que detenta el accionante», escribió en referencia a Stoessel.
Paso por alto las acciones en su contra no son por su afiliación partidaria (de hecho entraría propuesta por el oficialismo) sino por su parentesco con uno de los ministros que debería controlar.
No sería el primer caso del kirchnerismo. Por estos días obligada a salir de su bajo perfil para defender a su marido, Alessandra Minnicelli (mujer de Julio De Vido) aprovechó las cámaras para justificar el puesto que ocupó como síndico general adjunta en la Sindicatura General de la Nación, un lugar clave desde el que debía controlar a su marido, en ese momento ministro de Planificación Federal.
En sus apariciones mediáticas dijo que se había excusado de entender en cuestiones vinculadas a su esposo. Se le podrá creer o no, pero no tuvo la ocurrencia de acusar a los que la criticaban de ejercer «violencia de género»…
