Griselda Altamira todavía no puede procesar lo que le tocó vivir en San Genaro, el pueblo santafecino donde nació y vivió toda su vida. Tiene 57 años, cinco hijos que ya no viven con ella y una casa que mantener sola. Cocina pizzas y empanadas para vender entre los vecinos del barrio Córdoba y milita en el radicalismo desde el ‘83. “Nunca tuve ningún cargo, siempre fui el burrito que cargaba con todo en las caminatas de campaña y ahora que tenía la oportunidad de asumir me la negaron, pero ellos sabrán lo que hicieron”, explica a BORDER del otro lado del teléfono. Y se emociona hasta las lágrimas al recuerdor los mensajes de apoyo de sus vecinos, cuando se conoció que fue obligada a renunciar a su banca en el Concejo Deliberante por pedido del intendente para que pudiera asumir un concejal varón.

La historia comienza el 16 de junio pasado, cuando el Frente Progresista Cívico y Social (FPSyC) se impone en las elecciones y consigue la reelección de Gastón Marconcini para la Intendencia. Ese día, el oficialismo logra una banca en el concejo que, según la lista, iba a ser ocupada por la primera candidata, la secretaria de Gobierno Ariana Mergen. Pero meses después, la funcionara llama a Griselda Altamira (quinta candidata en la boleta) y le pide que se acerque a su despacho para firmar un papel.

“Llego y estaban con el intendente terminando de redactar una carta que me hicieron firmar. Y cuando yo pregunto, Mergen me dice que ella quería seguir como secretaria de Gobierno y quería que Lucho Morello, que también estaba ahí, asumiera como concejal”, recuerda Altamira sobre el encuentro ocurrido a mediados de octubre. Y agrega: “Yo firmé pero no era consciente de mi renuncia y no me acordaba la ordenanza de paridad de género. Confianza mucho en ellos porque eran mis amigos”.

Morello había sido el segundo candidato a concejal de la lista que respetaba la paridad de género impuesta por una ley local del 2018, pero ante la renuncia de la primera candidata, el lugar ganado en el Concejo le correspondía a otra mujer. La que seguía en el orden era Beatriz Vivas, una enfermera jubilada que curiosamente había presentado su renuncia al cargo el mismo día y a la misma hora que Altamira, quinta y última en la lista oficialista.

Pero la maniobra no pasó desapercibida en el Concejo, donde la oposición la denunció públicamente y el caso escaló hasta la legislatura provincial, donde recibió un repudio unánime. El movimiento de dirigentes mujeres de distintos partidos a nivel local, provincial y nacional logró que la operación no se concretara y las dos candidatas que habían renunciado dieron marcha atrás. Griselda lo hizo primero ante el Concejo y el Tribunal Electoral, patrocinada por el abogado Domingo Rondina, quien explicó que su firma estaba viciada “por no reunir los elementos de discernimiento, intención y libertad”. Luego se presentó también Vivas.

“Ahora estoy esperando a ver qué decisión van a tomar, he escuchado que va a asumir la otra señora. Ella nunca caminó ni estuvo en campaña, es la primera vez que la veo sumarse a nosotros. Pero cuando salí a contar todo lo que me había pasado, a ella la reintegraron y mandó una carta también, diciendo que estaba arrepentida. No sé en qué quedará todo esto”, dice Griselda amargada.

Dice que tiene “la conciencia tranquila” por haber denunciado y reclamado, pero se le caen las lágrimas cuando cuenta la repercusión que se generó: “Todos querían que yo asumiera, decían que era una concejal de un barrio humilde, y yo me emociono porque no pensaba tener tanto apoyo y de gente que ni conozco, que me llama de todos lados. Mis viejos, que ya no los tengo más, me inculcaron que siempre tenía que ir con la verdad y ser honesta. Eso lo conservo y me deja tranquila”.

Su abogado, Domingo Rondina, aseguró a BORDER que todavía no está definida la asunción de Vivas, la segunda mujer en la lista, “pero lógicamente si la segunda no renunció, asume la segunda”. “Y Altamira es la tercera”, aclara. La cocinera y militante radical dice que lo volverá a intentarlo en 2021.

Lo que pasó en San Genaro, a 120 kilómetros de Rosario, tiene antecedentes internacionales. A las mujeres que sufren este tipo de violencia política se las llama “Las Juanitas”, por un fenómeno originado en México en 2009, cuando Rafael Acosta Ángeles, alias “Juanito”, renunció a ser jefe delegacional de Iztapalapa para dejarle el lugar a Clara Brugada. Y luego, 12 mujeres imitaron esa modalidad y renunciaron a sus bancas en el Congreso Federal para dejar pasar a sus suplentes varones. El retroceso en la paridad de género en ese órgano fue brutal.

Paridad en Riesgo

En Argentina no hay otros registros de este tipo de práctica. Pero existen organizaciones, profesionales y legisladoras que llevan adelante una vigilancia permanente del cumplimiento de las leyes de cupo y paridad que rigen en las distintas jurisdicciones. Y cuya no aplicación ya genera denuncias judiciales e interrogantes a resolver en lo inmediato.

Una de las últimas denunciantes es Graciela González, una concejal suplente de Cambiemos en Merlo que ante la renuncia de su colega Ana Ferreyra presentó un amparo para suspender la jura de Rodolfo Dodera en su reemplazo. “Por la ley de paridad me tocaba asumir a mí pero nadie me avisó nada y cuando le pregunté a mi referente si podía pelear mi cupo, me dijo que sí”, cuenta a BORDER González, quien integró la lista en las elecciones de 2017.

“Quiero cambiarle la realidad a los vecinos. Yo vivo en Santa Isabel, es un barrio necesitado donde no tenemos salita ni club y la mitad de las calles donde pasan los colectivos son de tierra. Yo pregunto por qué no podemos tener lo que tienen los otros barrios”, dice Graciela González, quien vive con sus cinco hijos y trabaja por hora como empleada doméstica en casas de Palermo. Mientras tanto, espera que la Justicia decida si aplica a su favor la Ley de Paridad bonaerense (14.848), sancionada en 2016 y reglamentada en abril pasado.

La Red de Parlamentarias Mentoras que acompaña el amparo de González y milita por la paridad en la provincia de Buenos Aires, reclama una nueva ley para solucionar los conflictos, que aumentarán a partir del 10 de diciembre, cuando legisladores electos renuncien para asumir cargos ejecutivos. “Estamos pidiendo que rápidamente se sancione una ley aclaratoria de cómo deben ser los reemplazos porque la Ley de Paridad es muy clara, pero quedó un artículo de la ley electoral sin modificar que entra en coalición con ese espíritu”, explica a BORDER la ex diputada y miembro de la Red, Valeria Amendolara. El tiempo corre.