El 3 de marzo se notificó el primer caso de coronavirus en el país, diez días después el gobierno recomendó «quedarse en casa» a quienes podían realizar teletrabajo al tiempo que suspendía las clases. El 20 de marzo comenzó la cuarentena obligatoria que aún subsiste. Pero entre el 10 y el 18 de marzo el gobierno canceló contratos y discontinuó el vínculo laboral de cientos de agentes en distintos organismos -no sólo en el Pami como ya se contó, sino también en Puertos y hasta en Yacimientos Carboníferos Fiscales -estos, al parecer, en plena cuarentena-, es decir, ya con los efectos de la pandemia en Argentina. Por eso, muchos de los cesanteados salieron a hacerse escuchar en las redes sociales cuestionando la frase de Alberto Fernández del último domingo, cuando en un tiro por elevación hacia Techint -que había anunciado 1450 despidos-, tildó de «miserables» a quienes echan a trabajadores en plena emergencia.

El domingo pasado, al hacerse eco de una tele-entrevista del Papa Francisco, el presidente utilizó su cuenta de Twitter para dar un fuerte mensaje al recordar que «cómo dije en el G20, nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló @Pontifex_es. Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan«. Entonces la titular del PRO, Patricia Bullrich, le contestó en la misma red social: «en ese contexto, es muy importante que el Estado Nacional revea de inmediato los despidos de cientos de empleados que viene haciendo en PAMI, ANSES y Superintendencia de Riesgo«. La ex ministra de Seguridad, al igual que otros dirigentes opositores, se hizo eco de las quejas que venían expresando los damnificados por sus cuentas.

Algunas de ellas fueron publicadas el 19 de marzo por #BORDER, cuando se informó que entre al menos 100 cesanteados de la obra social de los jubilados, la mayoría agentes llegados durante el macrismo, se contaban un padre de un niño con autismo y empleados que habían asumido su cargo ante el fallecimiento de un familiar producto de un beneficio del convenio colectivo de la actividad. En medio de la emergencia por el coronavirus, resultaron más que llamativos estos despidos.

Lo cierto es que no sólo hubo cesantías en el PAMI en plena emergencia. Según se pudo averiguar, se «bajaron contratos sueltos» de Jefatura de Gabinete, en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el Enacom y hubo al menos 60 despidos en la Administración General de Puertos (AGP), que gozaban de estabilidad como en el PAMI por regirse por la Ley de Contratos de Trabajo. Pero, en todos los casos registrados en la entidad portuaria, se trataba de agentes que habían ingresado durante el gobierno de Cambiemos.

Tal como se informó, el 31 de marzo vence la primera revisión de contratos del Ejecutivo prorrogados en diciembre: la idea subyacente, es quitar a los empleados que habían sido designados arbitrariamente durante el macrismo. Y hace unos días el gobierno publicó el decreto 36 por el que extiende hasta el 30 de junio la auditoría de los concursos en cargos públicos realizados durante la anterior administración.

Con todo, los casos que más llamaron la atención son las cesantías en la Administración General de Puertos (AGP), que depende Transporte, tiene su sede en Huergo y Belgrano y no sólo maneja el puerto porteño y varias concesiones y ambicionados terrenos fiscales. De acuerdo con lo averiguado, se discontinuó el vínculo laboral de administrativos, pero también de gerentes, todos del equipo que había coordinado la intervención de Gonzalo Mórtola, renunciado el 8 de enero pasado.

Las cartas documento, en este caso, comenzaron a distribuirse desde el 12 de marzo pasado. Una asesora, que prefiere el anonimato por temor a represalias cuando junto a sus compañeros aún cobrará las respectivas indemnizaciones, explicó que «llegaron en la semana que empiezan a pedir encerrarse» y sostuvo que detrás de la decisión hubo una motivación «política. Acá participó de esa decisión José Beni, que era asesor del detenido ex Secretario de Transportes Ricardo Jaime«. Entre los despidos se cuenta el caso de «un padre de un chico con discapacidad que lógicamente se queda sin obra social». Desde el organismo portuario, en tanto, niegan haber enviado la notificación de despido.

Desde la AGP, en tanto, confirmaron los despidos, pero lo atribuyeron a un emprolijamiento de «la planta política y que muchos cobraban en Puertos y trabajaban en la campaña o en otra área«. En este sentido, una fuente oficial dijo que «todo eso se estiró por la doble indemnización que no discernía un gerente de un empelado estatal. Por eso, ahora, a todos los nombrados firman por un plazo de 4 años» y rechazó que los cesanteados fueron 60 sino que «sólo 28».

También en la semana que se declaró el aislamiento social preventivo, se conoció el despido de 11 técnicos del ORSNA (el organismo regulador de los aeropuertos). De acuerdo con una resolución reservada desvincularon a un grupo de 11 personas del ORSNA «con fecha 19/3/2020, personas que ocupaban roles técnicos y que en promedio tenían más de 3 años de antigüedad. Y les fue anunciado a los interesados por un llamado del jefe de relaciones laborales del organismo. Estos despidos aún no se perfeccionaron dado que no han recibido dichas personas la notificación fehaciente es por ello por lo que aún podría dejarse sin efecto si quieren hacerse eco de los manifestado por el presidente (Fernández)», informó una fuente consultada. Con todo, abundó que «si bien la fecha que figura en dicha resolución es 19 de marzo cabe destacar que los funcionarios políticos de dicho organismo renunciaron con fecha 10 de diciembre de 2019».

Otro de los focos de conflicto desde el comienzo del año es Yacimientos Carboníferos Fiscales, que tiene a Aníbal Fernández como interventor y a quien acusan de haber decidido unos 417 despidos desde su asunción. En marzo, de acuerdo con las abogadas Valeria Carrera y Verónica Sánchez, patrocinantes de los damnificados, han continuado “llegando notificaciones a la casa de los trabajadores hoy aislados en la ciudad de Río Turbio por el coronavirus”.

Para la abogada Carreras, que difundió un telegrama enviado el 12 de marzo y que llegó el miércoles 25 al domicilio de unos cesanteados, “indigna tanto o más que los despidos de Paolo Rocca (en Techint) porque quien despide es el Estado contra todo lo que sostiene el Presidente”. Y recordó que “sostiene el presidente que despedir es de miserables pero el interventor despidió con la excusa que eran puestos políticos y ñoquis, cuando representamos entre muchos otros trabajadores a quien logró la certificación de Puerto Loyola, a personal capacitado en la propia empresa. Sin embargo y con falsas causales los despidieron y siguen en cuarentena”.

De acuerdo a lo denunciado por la letrada, “tenemos casos de despidos notificados con fecha 18/3 al 25/3 en plena cuarentena. Tenemos el caso de un despedido que estuvo en aislamiento a la espera de los resultados de contagio”.