El hombre propone, pero la coyuntura dispone. Esa podría ser la moraleja del proyecto que impide convertirse en candidato a cualquier condenado en primera instancia por delitos de corrupción.

Como informó BorderPeriodismo días atrás, con el aval del peronismo no kirchnerista, el proyecto de Cambiemos se encaminaba a convertirse en ley, pero el diablo metió la cola.

Advertidos de que la oposición iba a criticarlos duramente por la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel -muerto tras un operativo de Prefectura cerca de Villa Mascardi- el oficialismo suspendió la última sesión del año, donde estaba previsto que se aprobara esa iniciativa.

Así, con la llegada de diciembre todos los proyectos que tenían los plazos de tratamiento vencidos perdieron estado parlamentario.

Eso debía pasar con la iniciativa en cuestión, y la semana pasada varios la daban por muerta.  Pero BorderPeriodismo pudo saber que Cambiemos busca darle respiración boca a boca y tratar de resucitarla antes de fin de año. Aunque con resultado incierto.

“Es un proyecto consustanciado con uno de los pilares de Cambiemos, que es la lucha contra la corrupción, por eso esperamos poder aprobarlo en sesión especial”, confió a este medio el diputado cordobés Diego Mestre, presidente de la Comisión de Justicia por donde el proyecto pasó con éxito.

Sin embargo, por estas horas, era más probable un llamado presidencial a sesiones extraordinarias para los días que restan hasta terminar el año.

En ese caso, seria difícil que el presidente Mauricio Macri incluyera en el temario (centrado en las reformas que faltan aprobar) este proyecto. Entonces, siempre motorizado por Cambiemos, se volvería a presentar en los primeros días del año próximo, explicaron fuentes del oficialismo.

A tono con los reclamos de la sociedad de más transparencia, el proyecto en cuestión establece que no podrán ser candidatos los dirigentes condenados por delitos asociados a la corrupción, inclusive si la condena es de primera instancia y aún no está firme.
La propuesta, que cosechó apoyos de todos los bloques salvo del kirchnerismo, se quedó a mitad de camino entre los más laxos y los más duros. “Fue el proyecto posible”, lo describió un diputado oficialista a BoderPeriodismo.

Por ejemplo, algunos integrantes de Cambiemos querían que no pudiera postularse ningún “procesado”. Con semejante purismo, desde el presidente Mauricio Macri (asumió la Presidencia procesado en la causa por escuchas ilegales, de la que fue sobreseído días después) hasta la ex presidenta Cristina Kirchner (procesada en Los Sauces, obra pública y dólar futuro) iban a estar en problemas. Otro proyecto drástico era el de Elisa Carrió, que quería además para los condenados una inhabilitación por 8 años para postularse, y no prosperó.

En el otro extremo, el peronismo y algunos oficialistas habían esbozado la intención de que la iniciativa se limitara a los casos en que ya hay una condena firme. Es decir que no podría postularse sólo el condenado que ya hubiera agotado la última instancia de apelación. Sería una ley sin sentido, que no afectaría a nadie.

Ni muy muy ni tan tan. Los diputados metieron todo en una batidora y armaron un nuevo proyecto, consensuado, que dice que no podrán ser candidatos los postulantes que hayan recibido una condena de primera instancia, es decir aunque todavía no esté firme.

Por otro lado, aclaran que si un tribunal de mayor alzada falla en su favor y anula la condena, desde ese momento podrá postularse libremente. Si ya terminó esa elección, será en la próxima.

A números actuales, esa ley hoy podría impedir la postulación de ex funcionarios ya condenados como Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi o José López.

Lo mismo le pasaría a la ex ministra de Economía Felisa Miceli, condenada por la bolsa de dinero encontrada en el baño de su despacho. O al ex presidente Carlos Menem, que acaba de asumir su tercer mandato como senador (fue abanderado y cosechó una andanada de críticas) a pesar de tener dos condenas en su contra.

En cambio, en casos como los de Julio De Vido y Amado Boudou, por estos días en cartelera por sus detenciones, no fueron condenados en ninguna causa y podrían postularse perfectamente.

“El efecto ahora no va a ser tanto, pero esperamos que el servicio de justicia mejore, y que haya sentencias más rápidas, sea para fallar su inocencia o su culpabilidad”, indicó a #BORDER el diputado de PRO-Cambiemos Daniel Lipovetzky, en referencia a la cantidad de procesados y los pocos condenados que en general hay en la política.

“¿Si estás en el registro de deudores alimentarios no podés ser candidato, pero si estás condenado en una causa sí?”, se preguntó el diputado oficialista, que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales que también le dio dictamen favorable al proyecto.

Su presidente, el también oficialista Pablo Tonelli, explicó a este medio las precisiones de la iniciativa. “No podrá postularse a cargos electivos ningún condenado por delitos de corrupción, por el tiempo que dure la condena o hasta que una instancia superior la revoque”.

El peronismo, en sus variantes Frente Renovador y Bloque Justicialista, apoyó.

En cambio, el kirchnerismo, que viene encabezando la lista de condenados por lejos, tuvo una oposición furiosa al proyecto en la Comisión, de boca de la diputada Nilda Garré. “Con 50 años de abogada, de persona que cree en el derecho, nunca vi esta insistencia permanente en el Congreso de ignorar el principio de inocencia, el debido proceso y todas las garantías constitucionales”, se ofuscó. La ex ministra de Defensa en tiempos K dijo que el proyecto y los que van en esa línea son anticonstitucionales y los describió como “muy peligrosos”.

A los efectos prácticos, la resistencia del Frente para la Victoria (FPV) no será suficiente para rechazar el proyecto si mantiene el acompañamiento del resto del peronismo, confirmaron fuentes parlamentarias.

En cambio, lo que pasará en el Senado todavía no se sabe. El bloque peronista que encabeza Miguel Ángel Pichetto últimamente está en sintonía con el bloque justicialista de Diputados. Pero no siempre.

“No hay nada negociado por ahora en el Senado“, se sinceró uno de los operadores de Cambiemos en el Congreso, que, asimismo, espera que la presión social para que la política abandone sus viejas mañas inspire un gesto en los siempre corporativos senadores. Habrá que ver para creer.