El coronavirus es la epidemia más importante que el mundo soporta en la actualidad, con sus efectos sanitarios y económicos. Desde este último punto de vista, las empresas se encuentran sin actividades, sin ingresos y con la obligación de pagar los sueldos, cargas sociales, impuestos, gastos de estructura y sostenimiento del sistema financiero.

Es el peor de los mundos. Las autoridades gubernamentales que han actuado tan rápidamente respecto del sector salud, no han hecho lo mismo en materia económica y, menos aún en lo que respecta a los impuestos. Muchos de los países del mundo han dispuesto un aplazamiento de los vencimientos impositivos para «oxigenar» las finanzas empresariales.

Las medidas adoptadas en nuestro país han sido muy poco significativas en función de las necesidades empresarias. El momento requiere que las empresas se mantengan activas, con sus dotaciones de personal para comenzar la reconstrucción de la economía, apenas termine el aislamiento social.

Por otra parte, las empresas ante los incumplimientos fiscales, se enfrentarán a la indudable carga de intereses, multas y hasta la posibilidad de la denuncia penal, en los casos que tales incumplimientos tipifiquen como delitos tributarios, como la apropiación indebida de tributos y de los aportes previsionales.

Se impone entonces, el dictado y la implementación de medidas concretas, para ayudar a las empresas en esta situación de catástrofe. Es por ello, que se impone la postergación de los vencimientos, especialmente para las PyMEs y la modificación de la moratoria fiscal, corriendo la fecha límite hoy prevista del 30/11/2019.

Por otra parte, urge la postergación de los vencimientos del impuesto a las ganancias y bienes personales, año 2019, pues a todo ello, hay que sumar los inconvenientes en las determinaciones impositivas, como consecuencia del aislamiento.

Podría decirse que otros países tienen un respaldo financiero y económico, que no cuenta el nuestro y, es cierto. Pero no es posible dejar a las empresas a expensas de lo que ocurra, pues ello, implicaría el fin de gran parte de ellas, con la consecuencia en su personal y sus familias.

Asimismo, debe destacarse que no hay espacio para nuevos impuestos. El fundamento de la solidaridad, con el cual se pretende basar la creación de nuevos tributos, choca con la falta de capacidad económica y tributaria de las empresas.

Así, es posible ver como se están generalizando tasas municipales, que se pretenden cobrar sobre la actividad agropecuaria, y otras actividades, para financiar los gastos de salud, provenientes de la pandemia. Todo ello, no hace más que complicar la situación de las empresas, agobiadas por una presión tributaria intolerable y ahora sin capacidad de pago.

Es hora de la adopción de grandes decisiones, ante la suma gravedad de las empresas, pues es también obligación del gobierno, de atender la salud de las empresas.

El autor es socio del Estudio Bertazza Nicolini Corti y Asociados.