Cambiemos intenta cumplir una promesa de campaña en un contexto enrarecido y con fuerzas en las que no termina de confiar. Los “5 minutos de tolerancia” de la enfervorizada ministra Bullrich, la volcánica resistencia K y los derechos contrapuestos.

El protocolo firmado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y sus pares provinciales en un cónclave del Consejo de Seguridad Interior, en Bariloche, es el punto de partida del intento del gobierno de Macri para cumplir una de sus promesas de campaña: terminar con los cortes de calles y rutas garantizar desde el Estado la libre circulación y, como efecto principal, mejorar el tránsito especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde el año pasado los cortes doblegaron en cantidad a los días calendarios.

La dureza de la misiva comandada por Bullrich, previsiblemente, genera controversias y críticas. Pero la ministra, lejos de amilanarse, salió a redoblar la apuesta: “Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar”, exasperó, aunque otros dirigentes del macrismo se esforzaran en declaraciones de mesura y de búsqueda de equilibrio entre el derecho a protestar y el de transitar libremente.

Entre los 17 puntos más destacados del protocolo, la posibilidad de que las fuerzas de seguridad actúen sin necesidad de contar con orden judicial resulta la más criticada por agrupaciones políticas de izquierda y organismos de derechos humanos, con el CELS, de Horacio Verbitsky, a la cabeza.

Si bien el viceministro de Seguridad, Eugenio Burzaco, aclaró que las fuerzas intervinientes no tendrán armas de fuego “en la primera línea, sino sólo en la segunda y tercera en caso de desborde”, su jefa sostuvo que, ante manifestaciones espontáneas y no programadas, actuarán como ante cualquier delito. Para evitar los cortes, las fuerzas de seguridad intervinientes podrán detener manifestantes, secuestrar palos, pirotecnia, capuchas o cualquier objeto que consideren inapropiado o peligroso, filmar los procedimientos -medida que ya había generado críticas bajo la gestión de Sergio Berni y el famoso “Proyecto X”- y delimitar sectores para la prensa durante los operativos. El protocolo se basa en el artículo 194 del Código Penal, que establece penas de tres meses a dos años para “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua o sustancias energéticas”. Algo que para el diputado Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda es una deliberada falacia interpretativa. “Hay suficiente jurisprudencia que sostiene que ese artículo no se aplica a la manifestación popular, según los fallos de jueces en los últimos diez años”, sostiene.

El endurecimiento de las políticas antipiquetes que Bullrich remite al aval del presidente tuvo un timing casi milimétricamente calculado en el macrismo: el anuncio se instaló a la par de que se sucedían los 200 cortes de accesos que produjo la agrupación Tupac Amaru, de la líder detenida Milagro Sala, con apoyo de La Cámpora y otras organizaciones K, en reclamo de su liberación, protesta que colapsó el tránsito en la Ciudad y el conurbano. Sala transformada en ícono de la criminalización de la protesta por una detención no habitual para acusados de corrupción y extorsión. Los extremos parecieron tocarse. Y allí tal vez se esconda la peligrosidad de la medida.

Es innegable que para cierto electorado del PRO el protocolo se traduce en una promesa a cumplirse. El hastío ante la radicalización, extensión y frecuencia de los cortes hizo mella en el humor de las clases medias y trabajadoras urbanas. Los piquetes, surgidos como modalidad de protesta ante las penurias económicas del menemismo que desembocaron en la gran crisis del 2001 con la Alianza en el poder, pasaron de ser una innovación en la protesta y un símbolo ante la máxima falta de respuestas del Estado, a transformarse en la primera vía de acción. El caos como búsqueda de soluciones se amparó en una debatible fórmula. Cortar el paso porque eso genera caos, porque el caos atrae a los medios, y los medios son la vía de lograr la atención y la acción de funcionarios. Una síntesis de la excusa que instaló a los piquetes como máxima expresión de protesta, casi institucionalizada en los años de kirchnerismo que, antes del show rambo-style de Berni, promovió políticas de no intervención, hasta lo ridículo.

El nuevo protocolo se suma a la, cuanto menos, fastidiosa posibilidad de que las policías y fuerzas de seguridad puedan requerir documentos de identidad sin esgrimir razón alguna en el ámbito metropolitano, a raíz de un fallo judicial que se basó en la ley orgánica de la Policía Federal, que data de 1958. Un tema que Natalia Gelós abordó con detalle aquí, en BORDER.

Coincidencia o no, el combo genera cierto excesivo interés en el control social, con poco efecto directo y mucho de cosmética ante las promesas de lucha contra la inseguridad.

En el imaginario macrista, se sostiene que las medidas son norma en los países desarrollados. Curiosa traspolación. Allí el tejido social tendrá décadas de respeto a las reglas, no una imposición protocolar. El mismo espacio que aspira a la pobreza cero debería notar la necesidad de la gradualidad en las medidas por tomar hacia paradigmas primermundistas.

Y el escenario se pone escabroso cuando el desapego al respeto de las normas surge habitualmente de las propias fuerzas de seguridad al que el macrismo empodera. En lo que va de su Gobierno, Macri y su equipo ya experimentaron varias alertas, sin siquiera esbozar hasta ahora un plan de reformulación o intervención de las mismas. Cuatro ejemplos:

• La inexplicable acción de las fuerzas durante la interminable saga de la triple fuga, que derivó en fallas de comunicación que casi le costaron el puesto a Bullrich, obligó a desplazamientos y llevó a funcionarios a deslizar la preocupación por operaciones de uniformados contra la nueva gestión.
• La represión con balas de goma en las protestas por despidos en La Plata.

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  Las balas de goma que impactaron en niños de una murga en la Villa 1.11.14, en un poco claro operativo de Gendarmería, que aún hoy los funcionarios no pueden relatar con detalle (El propio Burzaco dice que hay “mucho testimonio contradictorio” por el caso, mientras las imágenes de los niños baleados resultaron contundentes, al menos, en demostrar un exceso inaceptable).

• La desocupación de los terrenos tomados en Merlo, donde se habían instalado grupos narcos que asesinaron a un niño pero que dejaron la poco comprensible imagen de casillas prendidas fuego tras el desalojo.

  

Las dudas se vuelven evidentes.

• ¿Podrá la gestión de Bullrich implementar la intervención profesional con las fuerzas en su estado actual?
• ¿Suma su discurso encendido a que la sangre fría prime en el accionar policial?
• ¿Será igual el operativo ante un piquete de reclamos políticos que corte los accesos viales que ante una protesta de vecinos en Palermo por los cortes de luz? ¿Y ante un festejo de hinchas de fútbol en el obelisco?
• ¿No debería remarcar la ministra una clara definición de su accionar ante un posible exceso?
• ¿Será suficiente cualquier accionar ante un exceso policial? ¿Está dispuesto el macrismo a ese peligroso tipo de costo político en su luna de miel?

La delgada línea entre la real e imperiosa necesidad de una regulación ante los cortes y la posibilidad de un desmadre represivo es un balanceo en el que Bullrich podrá jugarse su futuro.

En la calle encontrará a un kirchnerismo en plan de resistencia caprichosa y residual con una desmemoria sorprendente, codo a codo con una izquierda eternamente agitadora, en una curiosa yunta de quienes solían pararse ayer unos contra otros, unidos por la defensa de la protesta social. La provocación de unos y la costumbre metodológica de los otros, en tándem para un terreno de por sí ya pantanoso. “Estamos en un contexto de previsibles conmociones sociales”, dijo Pitrola, del FIT, quien enumera los despidos, la inflación, los tarifazos y los “cortes programados” como el prefacio de un infierno por venir. Desde el kirchnerismo, que se cansó de adularse por lograr la salida del averno del 2001, sería por demás irresponsable que su resistencia se transformara en un simulacro de protestas de ese entonces.

Al día siguiente de la firma del protocolo, la Policía Federal intentó impedir la instalación, por tercera vez en el año, de la carpa de las Madres de Plaza de Mayo.

Su líder, Hebe de Bonafini, puede ser ignífuga hasta lo antidemocrático en sus diatribas pero si el debut de la aplicación protocolar toma ese rumbo parece equivocado. Más aún cuando en la misma plaza se han tolerado asados de la Tupac, montados sin demasiada algarabía, días atrás.

Bullrich y el macrismo apuestan fuerte. Es necesario que tengan conciencia de que ponen en juego mucho más que sus logros políticos en esta decisión, si pretenden tener el éxito necesario.