Un informe de la Auditoría General de la Ciudad descubrió que los «gastos superaron a los ingresos» y que «existen aportes no declarados» en todos los partidos. Hicieron observaciones a 17 millones de pesos, el 94% del total gastado durante la campaña. Publicidades no informadas, comprobantes incompletos, facturas sin declarar y aportes ilegales. Uno por uno, los incumplimientos más llamativos, del PRO a la izquierda y de los K al massismo.
Publicidades callejeras que no fueron informadas, depósitos bancarios de origen desconocido, aportes que superaron los límites legales, comprobantes incompletos o mal confeccionados, desembolsos de campaña que no tienen recibos, y hasta la aparición de facturas por gastos que jamás fueron declarados.
Son apenas algunas irregularidades detectadas en la última campaña para elegir diputados porteños. Es que después de los bolsos millonarios del kirchnerismo en el caso de los «Cuadernos», después de los aportantes falsos del macrismo en la provincia de Buenos Aires, ahora llega el turno de un nuevo capítulo en la ciudad más importante del país. Y atención, porque en este pequeño episodio, aparecen todos los partidos.
Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) encontró una serie de anomalías en las finanzas electorales, descubrió que «los gastos superan a los ingresos» y concluyó que «existen aportes no declarados». La rotunda conclusión abarca expresamente a la totalidad de las fuerzas políticas, que compitieron por 30 bancas de la Legislatura en octubre del año pasado.
Por todo eso, los auditores advirtieron que las agrupaciones no cumplieron con la ley electoral número 268. Y así queda expuesta -otra vez- la verdad más incómoda de la democracia: las elecciones se ganan con los votos de los ciudadanos, pero para conseguirlos primero se necesita dinero para la campaña. A veces, mucho más dinero de lo que un político estaría dispuesto a reconocer en público.
Como sucede con cualquier verdad incómoda, es necesario tomarse el debido tiempo para encontrarla. En este caso, eso significa escarbar en un Informe Final de Auditoría, que fue aprobado por unanimidad y lleva como título «Gastos de campaña (período 2017)». Hay que ir más allá del resumen ejecutivo y leer completo el extenso cuerpo de 144 folios, que es donde se deslizan los datos más inquietantes.
En esas páginas brota la primera irregularidad general: los partidos entregaron comprobantes de gastos por casi 17 millones de pesos ($ 16.989.916) que estaban incompletos, defectuosos o mal confeccionados. Es el 94 por ciento de lo gastado durante la campaña, ya que la cifra total asciende a 18 millones. Las «observaciones formales» que hicieron a esos papeles son un verdadero rosario de faltas: no constan los remitos, los precios unitarios, las cantidades, las condiciones de venta o, en algunos casos, tampoco los recibos.
Pero no era lo único que faltaba. La Auditoría también descubrió propagandas que no fueron declaradas por las fuerzas políticas. A través de un relevamiento ocular en la ciudad, detectó 27 modelos de publicidades gráficas (afiches, pantallas, folletos) que nunca fueron informadas. La mayoría de los afiches tampoco tenían el obligatorio pie de imprenta, que sirve para identificar a la planta impresora y averiguar si se utilizó dinero en negro. Un olvido que parece una confesión de parte.
El informe detalla irregularidades puntuales que cometieron cada uno de los partidos. Algunas son más importantes y otras más anecdóticas, pero todas reflejan la misma desprolijidad en los fondos electorales.
Veamos los casos más curiosos:
LAS FACTURAS DE VAMOS JUNTOS
A la coalición oficialista le descubrieron facturas de gastos publicitarios que no habían declarado. La alianza PRO – Coalición Cívica contrató a la empresa Girola Vía Pública, para colocar «publivallas» en las obras en construcción y gigantografías . La lista de legisladores porteños, encabezada por «Andy» Freire, notificó que había pagado 200 mil pesos. Pero detectaron que «la factura que aporta el proveedor dice ‘Campaña Diputados Nación’«. O sea, el gasto correspondía a la lista de Elisa Carrió.
Y la sorpresa más grande vino después: la misma compañía de publicidad comunicó una contratación por el doble de ese monto (400 mil pesos) que el partido nunca había informado. «Además el proveedor aporta la factura N°0002-00001415 por $ 400.000,00 que dice: ‘Campaña Diputados Ciudad’ y no está incluida en el Informe«. ¿Se mezclaron las campañas o se traspapelaron los documentos? Como sea, la Auditoría dejó asentado un «incumplimiento de los artículos 7 y 8 de la Ley 268».
EL APORTE DE UNIDAD PORTEÑA
El peronismo de la ciudad registró un aporte privado de casi medio millón de pesos ($ 493.750) que no cumplió con la ley electoral. Primero, porque las contribuciones tienen un tope de $ 108 mil pesos cada una, lo que significa que la lista de Mariano Recalde cuadruplicó el límite legal. Segundo, porque fue realizado por una entidad y está prohibido el dinero anónimo o que no provenga de una persona física.
¿Y de dónde vino? Fue un aporte «en especie» para imprimir las boletas, pagado por… «Alianza Unidad Porteña orden nacional». O sea, prácticamente por ellos mismos. Un detalle más: la empresa contratada para esos trabajos de impresión, Cooperativa Obrera Gráfica Campichuelo, «no informó en su respuesta la Factura N° 0010-00001790 por $493.750,00 declarada por el partido». Según los auditores, es un «incumplimiento de los artículos 15 y 16 de la Ley 268».
EL DEPÓSITO DEL MASSISMO
«Avancemos hacia Un País Mejor» recibió un depósito por más de 300 mil pesos de origen desconocido. Los candidatos deben manejar todos sus fondos a través de una cuenta bancaria especial, que se abre específicamente para la campaña y debe cerrarse apenas terminada la elección. La mayoría no cumple con esta obligación o la utilizan sólo para algunas transacciones. Sin embargo, en este caso detectaron que «con fecha 19/09/2017 se efectuó depósito bancario», «sin poderse determinar su origen» y cuyo monto exacto fue de $ 338.000. Esto constituye un «incumplimiento del artículo 16 de la Ley 268». Además, declararon gastos de fiscales por 170 mil pesos sin presentar comprobantes.
LOS COMPROBANTES DE EVOLUCIÓN
La coalición de radicales y socialistas, liderada por Martín Lousteau, también tuvo algunos papeles flojos. La Auditoría puso bajo la lupa a más de dos millones de pesos gastados durante su campaña ($ 2.378.588.63). El 76 por ciento de los comprobantes de gastos recibieron «observaciones formales». Algunas fueron por faltas habituales, como no incluir la cantidad o el precio unitario. Pero otras se debieron a una anomalía insólita que no cometieron otros partidos: en cinco comprobantes no consta ningún detalle, y como justificativo solamente dice… «Campaña».
LAS DESPROLIJIDADES DE LA IZQUIERDA
El Frente de Izquierda cometió una gran variedad de «descuidos». No rubricaron el informe preliminar de campaña, comunicaron erróneamente la numeración de algunas facturas y hubo diferencias en los importes bancarios declarados. Pero la infracción más curiosa se podría confundir con una declaración de principios: no entregaron los comprobantes de gastos de publicidad en Facebook y Google. Las evidencias de que la izquierda trotskista usa las herramientas del imperialismo yanqui para intentar ganar elecciones, por ahora, no están disponibles.
¿Qué pasará con estos incumplimientos?
La Auditoría remitió su informe al Tribunal Superior de Justicia porteño, para ponerlo en conocimiento y resuelva si corresponde aplicar sanciones. La Fiscalía General de la Ciudad dio el primer paso: en mayo decidió «iniciar una investigación preparatoria por las presuntas infracciones cometidas a la Ley N° 268″. A partir de ese momento, los apoderados partidarios empezaron a presentar sus descargos para defenderse y el expediente continúa en trámite.
Pero los investigados ya tienen menos motivos para preocuparse. En su resolución inicial, el fiscal general adjunto Luis Cevasco consideró que ciertos incumplimientos -como no usar la cuenta bancaria y los defectos formales en las facturas- no deberían ser castigados. ¿El argumento? Alegó que a pesar de que contradicen las normas, «no se tienen previstas sanciones específicas» en la ley.
Mientras tanto, la política está armando nuevas candidaturas y se prepara para las elecciones del 2019.
Hasta la próxima campaña (irregular).
