Después de un verano de intenso trajín en los tribunales federales, las causas contra funcionarios del Gobierno ya no corren a la misma velocidad. Algunos jueces, fiscales y abogados que habitan la sede de Comodoro Py 2002 reconocen que los tiempos violentos cesaron en las últimas semanas y lo adjudican a gestiones de enviados del Gobierno y del Poder Judicial -y del sector empresarial, porque los negocios siempre están en el medio-.
Por Vicente Sánchez
Dicen que lograron negociar una tregua hasta octubre. Otros jueces y fiscales lo niegan y aseguran que siguen trabajando de la misma manera que antes, sólo que ya no informan a los periodistas que pasillean los tribunales en busca de noticias. Decidieron bajar el perfil y resguardarse luego de unos meses agitado.
Hay un popurrí de gestores de esta tensa calma, según jueces y fiscales consultados. Los nombres que suenan más fuerte van desde Carlos Zannini, Daniel Scioli, Aníbal Fernández y Julio De Vido hasta los resabios del stiusismo. Cada uno para su bando, claro.
Pueden ser funcionarios, operadores o incluso abogados con fuertes lazos con jueces y fiscales. Los mencionados incluyen también al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; a funcionarios de La Cámpora, como el viceministro de Justicia, Julián Alvarez; o al propio Julio Alak.
El juez federal Canicoba Corral ha intentado oficiar como mediador entre sus colegas y el Gobierno, confirmaron varias fuentes judiciales. Visitó a varios de ellos en nombre de la Presidenta. Incluso intentó persuadir al fiscal Gerardo Pollicita de no abrir la investigación que originó la denuncia de Alberto Nisman. Pero sus gestiones no dieron frutos. Los jueces no le confían o no quieren alimentar el poder de negociación de un solo juez con el Ejecutivo.
Los que ya han vivido otro fin de ciclo en la Justicia aseguran que con el correr de los meses se sabrá la verdad. Si realmente hay un pacto y Scioli gana las elecciones de octubre, la calma se mantendrá (en algunos casos, ya que no todos están bendecidos en este supuesto acuerdo). Si gana un opositor, sea Mauricio Macri o Sergio Massa, por ejemplo, 2016 podría ser un año duro para los kirchneristas en los tribunales. Salvo, claro, que el nuevo presidente negocie un acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
De Vido tendría a José María Olazagasti, su mano derecha, gestionando también algunos frentes judiciales.
Stop. Amado Boudou fue en 2014 el funcionario más complicado en la Justicia federal. Empezó 2015 con un procesamiento confirmado en la causa Ciccone y con un juicio en puertas por los papeles “truchos” de su auto Civic Honda 92. Pero ya no es el principal protagonistas de las desventuras judiciales del Gobierno. Si bien tiene un pésimo pronóstico en tres de las varias causas que tramitan en su contra, parece haber un stand by para el vicepresidente.
El juez federal Ariel Lijo todavía tiene que determinar si Boudou se enriqueció ilícitamente. En febrero, luego de que la Cámara Federal confirmara sus decisiones en la causa Ciccone, el magistrado activó las pericias contables del patrimonio del vice; su familia; su ahora ex novia, Agustina Kämpfer; y sus socios, como José María Núñez Carmona, el mejor amigo del vice. Algunos de los abogados en el expediente creen que el juez dilata los resultados de la pericia porque sabe que va directo a un tercer procesamiento del vicepresidente en pleno año electoral y eso perjudica a Daniel Scioli, con buena llegada la magistrado. En el juzgado de Lijo aseguran que el peritaje se demoró porque el juez temía que la Cámara Federal anulara los procesamientos y por lo tanto, la principal pista en la causa de enriquecimiento: que la imprenta de billetes es de Boudou y su principal socio.
La Cámara Federal porteña y la Cámara de Casación son dos tribunales clave en el destino de las causas de corrupción. Los camaristas son quienes confirman o desestiman las decisiones que toman los jueces, y desde hace años están en la mira de los medios y la oposición por algunos fallos polémicos. Si un juez no es obediente, la salvación de un funcionario queda en manos de estas instancias superiores. La tensión por decisiones clave de los camaristas se vieron en los últimos meses en el caso Ciccone y en Hotesur. La presidenta de Casación, Ana María Figueroa, sólo por nombrar un ejemplo, es conocida por sus asiduos diálogos con Zannini. Votó para apartar a Bonadio.
En lo que queda del año, Casación (el máximo tribunal penal) dará que hablar. Tienen decenas de causas sensibles para el Gobierno: desde el memorándum con Irán y la denuncia de Nisman contra Cristina, hasta el enriquecimiento ilícito de De Vido y el próximo juicio oral de Ricardo Jaime.
El papel que ocupó Boudou en 2014 es ahora ocupado por Cristina, principal blanco de algunos jueces y fiscales que decidieron jugar a fondo. Claudio Bonadio, que supo ser un juez bien entendido con el Gobierno y decidió no imputar a De Vido por la tragedia de Once, ahora no está dispuesto a entregar la causa Hotesur. Los K y Lázaro Báez ya activaron una estrategia para quitarlo del medio. Acordaron con la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para que pida el expediente a Bonadio e intente llevarse la causa a Río Gallegos.
El juez Daniel Rafecas sin embargo, le dio una buena noticia a Cristina hace un par de meses. Cerró la causa iniciada por la denuncia de Alberto Nisman por el supuesto pacto con Irán para encubrir el atentado de la AMIA. La Cámara Federal confirmó su decisión. Ahora es el turno de Casación.
Boudou. Hay otros dos expedientes que podrían llevar a Boudou a indagatoria. Uno es el caso de Formosa, conectado con el caso Ciccone. La causa está frenada por una cuestión “burocrática”. El vice la firma The Old Fund son investigadas por una maniobra para que el gobernador Gildo Insfrán contrate a la empresa de Boudou para la renegocación de la deuda con Nación. Fue el primer contrato que consiguió la firma antes de hacerse con Ciccone. La causa está tensando las relaciones entre el fiscal Carlos Rívolo y los jueces Lijo y Sebastián Casanello. Para los jueces el fiscal se tomó su tiempo para pedir la indagatoria del vice, que finalmente lo hizo a fines de marzo. Rívolo, por su parte, desconfía de Casanello, que es el juez de la causa, y pidió que le envíe el expediente a Lijo. Lo mismo pidió la defensa de Alejandro Vandenbroele.
El cuarto caso que involucra a Boudou es el más interesante. Desde hace dos años, una causa que lleva adelante el juez federal Sergio Torres está en condiciones de llamarlo a indagatoria. Sin embargo, está guardada en un cajón del juzgado federal 12. Es una investigación por la compra de autos cero kilómetro realiza por el vice a la concesionaria Guido Guidi cuando era ministro de Economía. El juez Torres tiene excelente diálogo con el Ministerio de Justicia, así como lo tenía con el auditor de la Nación Javier Fernández, el operador de Jaime Stiuso y del Gobierno -en épocas de relaciones carnales entre los Kirchner y la ex SIDE.
Stand by. El supuesto enriquecimiento de Boudou no es la única causa en la que aparece la sombra de Scioli. Cuando el fiscal Carlos Stornelli se tomó una repentina licencia el mes pasado las miradas se posaron sobre el gobernador bonaerense. Stornelli es el fiscal del caso Hotesur, la principal causa contra la familia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En los tribunales, jueces y fiscales comenzaron a especular con que lo “habían apretado” con una serie de escuchas con miembros de la barra de Boca Juniors. El ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desestimó cualquier conexión de su licencia con el destino judicial de Cristina y dijo que sufrió un pico de estrés. En la Cámara de Casación, que el lunes confirmó en el expediente al juez Claudio Bonadio por dos votos contra uno, las miradas estaban puestas en los jueces Gustavo Hornos, Luis Cabral y Ana María Figueroa.
El ministro de Justicia, Julio Alak, se había convertido en un blanco del stiusismo. Fue citado a indagatoria por su gestión en Aerolíneas Argentinas pero el juez Marcelo Martínez De Giorgi pospuso la citación.
En el juzgado aseguran que se debe a razones administrativas pero la decisión coincidió con la llegada de nuevos vientos en Comodoro Py. Lorenzetti logró acercarse a un grupo de jueces identificados con el stiusismo que quedó “huérfano” y los trajo para su molino. La desaparición de Jaime Stiuso como el capitán de un sector de la Justicia liberó a más de uno. Ya no hay quien “apriete” al estilo SIDE: videos y fotos comprometedoras. Pero las “gestiones” siguen teniendo el mismo color y el mismo resultado.
El Gobierno ya tiene los proyectos de leyes reglamentarias del nuevo Código Procesal Penal que corre a los jueces de la instrucción e investigación de las causas y pone a los fiscales en ese rol de poder sobre los casos. El fuero federal, causalmente, quedó afuera del proyecto. Por ahora.
