En un giro determinante a solo nueve días de los comicios presidenciales del 4 de octubre, el jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó la prohibición inmediata de las apuestas deportivas y los casinos online.
Presentada por el Ejecutivo como una ofensiva directa contra el sobreendeudamiento de las familias, la medida irrumpe en una campaña con paridad absoluta frente al senador opositor Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.
La disposición se canalizará mediante un decreto provisional con vigencia desde su publicación en el Diario Oficial, sujeto a la convalidación del Congreso en un lapso no mayor a 120 días. En paralelo, el Palacio del Planalto elevará un proyecto de ley para tipificar la actividad en el Código Penal.
En el tramo final de la campaña, Lula situó el combate al juego en el centro del debate público, alertando sobre el impacto del sector en los estratos de menores ingresos.
Durante el evento en San Pablo, el presidente advirtió que “el casino está en la cocina, en la sala, con niños, con jubilados. Es necesario tener un control”, y fundamentó la urgencia al señalar: “No es una broma, es algo serio que está afectando la salud mental de las personas pobres que juegan para ver si consiguen comprar el pan al día siguiente. Hacen creer a las personas más necesitadas que el juego va a resolverles la vida. Esto es como un cáncer. O sacamos el tumor o el tumor nos va a matar”.
Estudios gubernamentales indican que unos 25 millones de brasileños volcaron 220.600 millones de reales a las apuestas en 2025. Asimismo, un informe de la Universidad de San Pablo estimó que el fenómeno restó entre 120.000 y 141.000 millones de reales a la economía real en el mismo período.
El veto sacudió al deporte nacional. Clubes como Flamengo y Palmeiras manifestaron su preocupación ante la pérdida de patrocinios millonarios, mientras referentes de la industria advierten que la medida potenciará el mercado ilegal fuera de la fiscalización estatal. La decisión implica también un costo fiscal directo, al resignar la recaudación tributaria generada tras la regulación dispuesta por la propia administración en 2023.
La réplica de la oposición no se hizo esperar. Flávio Bolsonaro calificó la iniciativa como una “estafa electoral” y recriminó al oficialismo haber regulado la actividad para prohibirla en vísperas del escrutinio, remarcando que el veto caducará de no mediar aval parlamentario.
A sua dívida é culpa do Lula e do Partido do Tigrinho (PT). O projeto deles é afundar o brasileiro cada vez mais no vermelho. Isso tem que acabar e vai acabar. Nós vamos resgatar você. O Brasil vai vencer!
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— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 25, 2026



