El gobierno de Javier Milei continúa su arremetida contra diferentes sectores, esta vez contra los gremios y las obras sociales. Tras el ajuste a los gobernadores en represalia por el fracaso de la Ley Ómnibus, ahora planea un recorte significativo en los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales administradas por los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El posible recorte se materializaría en el reparto de fondos llevado a cabo desde la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS). Políticamente, esta medida se enmarca en la lógica gubernamental de desplazar a los intermediarios en la gestión de fondos, un enfoque que también se busca implementar en los movimientos sociales y la gestión de planes de asistencia.

Este recorte no es una novedad, ya que en enero el Gobierno no giró a las prestadoras sindicales unos $5.000 millones correspondientes al programa SUR, que subsidia tratamientos de alta complejidad y medicamentos costosos. Sin embargo, se espera que este recorte sea mucho más amplio y afecte servicios fundamentales para la población, como la atención médica de jubilados, monotributistas y personas con discapacidad.

Uno de los principales afectados sería el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que podría ver reducidos cerca de un tercio de sus recursos. Estos fondos son cruciales para pagar servicios de transporte y educación destinados a personas con discapacidad. Esta situación obligaría a las obras sociales a cubrir estos servicios con recursos propios, lo que podría tener un impacto significativo en su capacidad financiera y en la atención que brindan.

«Si avanzan con el recorte vamos a ir a la Justicia a frenarlo», advirtieron desde la cúpula de la CGT. En este contexto, desde la central de trabajadores manifestaron su preocupación por la medida, advirtiendo que podría llevar a una crisis en el sistema de obras sociales. José Luis Lingeri, referente de la agrupación sindical señaló que «los recortes no castigan a los sindicalistas, sino que afectan a los trabajadores y a la salud pública en general, que ya enfrenta dificultades».

En este sentido indicó que el Gobierno también busca eliminar los subsidios automáticos destinados a compensar los aportes realizados a las obras sociales por monotributistas, jubilados y trabajadores de bajos salarios. Esta medida, de concretarse, podría agravar aún más la situación financiera de las obras sociales y dificultar el acceso a la atención médica para sectores vulnerables de la sociedad.

En medio de este escenario incierto, la CGT reclamó abrir espacios de diálogo para conocer en detalle cuál es el proyecto del Gobierno central para con los fondos de salud, advirtiendo que la falta de información oficial genera incertidumbre y preocupación entre las prestadoras sindicales y los beneficiarios de los servicios de salud.