El ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió a través de su abogada que se postergue su indagatoria por la Causa Seguro, la cual estaba prevista para este miércoles. A través de su abogada en ese expediente, Mariana Barbitta, también reclamó la nulidad de la declaración. “El llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad judicial cuya imparcialidad se encuentra cuestionada”. Ocurre que Ercolini fue recusado al comienzo del expediente y según la defensa de Fernández esa disputa todavía no fue tratada por la Corte Suprema.
Además, en un escrito de 34 carillas al que tuvo acceso el medio Infobae, Barbitta expuso la “falta de claridad y precisión” de la imputación contra el ex presidente. “Los déficits de precisión no solo aparecen en el aspecto temporal sino también en la totalidad de la imputación. En primer lugar, V.S habla de una supuesta ‘maniobra mancomunada, coordinada y funcional, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos’, sin explicar como sostiene esa afirmación, cuando mi asistido ni siquiera conoce a la mayoría de las personas con las que comparte “imputación”, suma la presentación.
Por su parte, el fiscal Ramiro González plantea que por medio del decreto 823/21, Alberto Fernández benefició a sus amigos y personas cercanos tener el control de toda la maniobra, al margen de este decreto, que terminó con el sistema de co-aseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros: “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la ultima decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.
Fernández no es el único involucrado en esta causa ya que otros funcionarios de Nación Seguros y beneficiarios del decreto mencionado deberían presentarse ante la Justicia a una indagatoria. Ellos son Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, secretaria y persona de confianza del ex mandatario. Es por medio de ellos que detectan un direccionamiento en favor de personas del entorno del mandatario.