Un lujoso hotel en Pilar fue allanado por pedido de la Justicia, en el marco de la causa que investiga al ex ministro de Transporte Bonaerense Jorge D´Onofrio por presuntas irregularidades, entre ellas el delito de lavado de dinero, en las contrataciones de empresas privadas dentro de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
El operativo se produjo este viernes por la mañana en una financiera ubicada en la planta baja del Sheraton Pilar y al momento de llegar los efectivos de Prefectura Naval había gente comenzando a desmontar la oficina.
Fue por orden del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La denuncia involucra además a su pareja, la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, quien fuera destituida en noviembre pasado, al desatarse el escándalo.
La denuncia presentada por la Coalición Cívica indica que D’Onofrio y Pombo habrían facilitado que una empresa llamada Solutiontec se hiciera cargo de la asignación de turnos para la VTV en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las investigaciones, el director de esa compañía figura además como responsable de Token Capital, la financiera allanada este viernes.
Para evitar la destrucción de pruebas, ya que había gente desmontando la financiera, se reclamó al Sheraton Pilar todos los contratos relacionados con la financiera y otros negocios dentro del hotel, incluyendo una peluquería también implicada.
La pesquisa apunta a un entramado más complejo, en el que el entonces funcionario de Kicillof habría utilizado empresas privadas para desviar fondos públicos.
D’Onofrio, dirigente del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, renunció en diciembre a su cargo en el Gabinete de Axel Kicillof luego de que la Justicia de Campana levantara el secreto fiscal y bancario del funcionario por el escándalo de la VTV.
En paralelo, hay otra causa que se tramita en La Plata y que apunta también contra D’Onofrio, bajo la fiscalía de Álvaro Garganta, que señala al ministro como parte de un esquema paralelo de gestores. Según la denuncia, ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar.
En este caso, la comisión que se cobraba por borrar las multas era del 30% del monto original. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
