La organización Amnistía Internacional envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos alertando sobre la escalada de ataques contra la prensa y la libertad de expresión en Argentina. Según la misiva, desde que asumió el presidente Javier Milei “cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes socio digitales y medios de comunicación”.
Según lo que dijo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, “el actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho” y puntualizaron que la red social X “se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: ‘mentirosos’, ‘ensobrados’, ‘idiotas’, ‘violentos’, ‘agresivos’, ‘despreciables’, ‘imbéciles’, son algunos de los calificativos e insultos elegidos”.
Algunos periodistas mencionados como los atacados por este gobierno son Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O´Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá y Marcelo Longobardi y en el texto se cuestiona la arbitrariedad con la que el gobierno le quitó la acreditación de la Casa Rosada a la periodista Silvia Mercado.
También se cuestiona la iniciativa, emitida por el vocero presidencial, Manuel Adorni, de dictar nuevos lineamientos para la acreditación de periodistas en Casa Rosada, calificando la propuesta como algo que podría derivar en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que pueden preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno.
Además, Amnistía Internacional puntualizó sobre el hecho de que los ataques contra la prensa por parte del gobierno son especialmente virulentos en el caso de las mujeres. “Esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas”, consideraron.
“Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad”, resaltaron desde Amnistía Internacional, y recordaron que “la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional. Por eso, Amnistía Internacional considera urgente que la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos; y, entre otras medidas, exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo”.
Con ejemplos concretos, la carta de Belski menciona también los casos de María O’Donnell, periodista que fue víctima de repetidos ataques por parte del presidente Javier Milei; Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación, acusada de “mentirosa” por el presidente; María Laura Santillán a quien el presidente calificó de “pautera y operadora”; Sofía Diamante, periodista del diario La Nación, que fue increpada por el presidente Milei tras opinar sobre los métodos oficiales para reducir la brecha financiera, o los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel, que fueron denunciados penalmente por el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona por supuesta “instigación a cometer delitos”, luego de que realizaran declaraciones en relación a la distribución de alimentos por el Ministerio de Capital Humano.
