ANSES: El gobierno eliminó el registro de abogados y gestores para tramitar jubilaciones

Esto se realiza con la intención de agilizar los tramites administrativos del organismo para gente mayor.
Por: #BorderPeriodismo

El gobierno eliminó el “Registro de Abogados y Gestores Administrativos” que funcionaba en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Esta medida se oficializó a través de la Resolución 982/2024, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros. El objetivo de la medida es facilitar los trámites previsionales y, según las autoridades, sacar “barreras innecesarias” que obstaculizan a los ciudadanos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue uno de los principales impulsores de la derogación y expresó su postura en redes sociales. “Seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía,” escribió en su cuenta de X. Sturzenegger resaltó que con la Resolución 982/24 se derogó el registro creado en 2014, el cual, en su opinión, había sido una medida que “restringía el derecho de la gente de tramitar su jubilación al obligarlos a contratar un abogado o gestor”.

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El funcionario explicó que estas restricciones eran vistas como una “cabina de peaje” que favorecía a ciertos sectores profesionales en perjuicio de los jubilados. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos,” afirmó. En ese sentido, consideró que la eliminación del registro devolvía a los ciudadanos la libertad de elegir cómo y con quién gestionar sus trámites previsionales, sin la necesidad de contratar intermediarios registrados por ANSES. “Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el presidente Javier Milei quiere eliminar,” agregó Sturzenegger.

Este proceso de desregulación en ANSES no empezó con esta resolución. En el año 2023, el organismo ya había ordenado medidas similares para reducir otros trámites y eliminar lo que la gestión actual considera “exceso de regulaciones”. Según los poderes, estas iniciativas están destinadas a mejorar la eficiencia del Estado y reducir su tamaño, de manera de contener el gasto público y hacer más ágiles los procesos que involucran a los ciudadanos.

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