El juez federal Ariel Lijo, quien está siendo promovido por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, le ordenó al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, proteger y resguardar los sitios de Memoria de los excentros clandestinos de detención y tortura de la última dictadura militar.

“Requiérase a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria que funcionan en los ex CCDT (centros de detención y tortura) ‘Olimpo’, ‘Club Atlético’, ‘Automotores Orletti’ y ‘Virrey Cevallos’ permanezcan en funcionamiento”, sostuvo Lijo en el texto de la orden judicial, a la vez que solicitó que se mantengan «las actividades que se encuentren abiertas al público en dichos sitios, como así también para que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria —necesarias para las visitas— y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios». 

Incluso, ordenó tareas de fumigación para que se “preserven los acervos y archivos que se han generado a la fecha y que se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”.

Cabe recordar que la secretaría de Derechos Humanos despidió 250 trabajadores, y que en las últimas semanas, 90 empleados del Centro Cultural Haroldo Conti de la ex Esma recibieron un mensaje en el que se los relevó de funciones y se les ordenó “guardia activa” en sus respectivos domicilios. La decisión desencadenó un gran repudio por parte de organismo DDHH que incluso se movilizaron en señal de protesta, ya que denuncian que el gobierno pretende vaciar los sitios de memoria. 

La resolución hizo lugar a lo solicitado por diputada de Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montengro, quien celebró «un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia». Montenegro había solicitado la protección de los sitios y había cuestionado los despidos de personal que se llevaron a cabo en la secretaría de Derechos Humanos nacional. De hecho, la legisladora presentó una denuncia penal contra el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“Frente a la avanzada de este Gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, afirmó Montenegro luego de la decisión de la Justicia. Cabe destacar que la legisladora es hija de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que se encuentran desaparecidos.