La Ley Ómnibus podría lograr un dictamen de consenso entre oficialismo y oposición y sesionar el jueves de la semana que viene. Para esto, el gobierno debió aceptar buena parte de las modificaciones sugeridas por las bancadas opositoras, a pesar de la posición inflexible que había tomado en los inicios del debate.
Entre las negociaciones, todas las bancadas, incluida el PRO, rechazaban suspender la movilidad jubilatoria y habilitar aumentos por decreto, si no se establecía una cláusula un mínimo de aumento por inflación.
Así mismo, las bancadas opositoras advirtieron que no acompañarían la amplia suba de retenciones que planteaba el texto oficial, ni el artículo que permitiría una privatización generalizada de empresas públicas, ni la reforma electoral.
Según contó el jefe del bloque UCR en el Congreso, Rodrigo De Loredo, el Gobierno se habría comprometido a que la actualización de las jubilaciones sea mensual y atada a la inflación, e incluso a eliminar directamente el artículo y mantener la fórmula actual, aunque no se conversó cómo compensaría el gasto para cumplir con la meta de reducción de déficit.
Respecto a las retenciones, el gobierno consensuaría no tocar las que afectan a las economías regionales.
En relación a la reforma electoral, el grueso del capítulo queda afuera -es decir, lo que refiere a la modificación de la forma de elección legislativa y la composición de la Cámara Baja-, pero aún no hay acuerdo sobre si se eliminarán o no las PASO.
Sobre las privatización de 41 empresas estatales, aún se está negociando cuáles no se privatizarían, pero el gobierno accedería a dejar afuera a YPF. Aún hay discusiones sobre qué ocurriría con el Banco Nación. Además, el acuerdo incluiría fijar el control parlamentario para las empresas que finalmente el Ejecutivo decidiera privatizar.
El DNU de desregulación económica de Javier Milei, cuya ratificación estaba agregada en uno de los últimos de los más de 650 artículos del megaproyecto de Ley Ómnibus, finalmente quedaría borrado, para ser tratado eventualmente en la Bicameral de Trámite Legislativo, que hasta ahora el oficialismo decidió no conformar.
También se bajaría la delegación de facultades que solicitó el presidente de dos años a un año.
Sin embargo, aún faltan temas por discutir como Cultura, Ambiente y Educación.
