Bullrich pidió a la Justicia que expulse a los extranjeros que delinquen

La ministra tuvo el apoyo desde el gobierno de la Ciudad y del ministro del Interior, Guillermo Francos.
Por: #BorderPeriodismo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó hoy a la Justicia expulsar a aquellos extranjeros que no tengan residencia permanente en el país y comentan delitos. “El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente».

“En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, detalló a un día del enfrentamiento a tiros por tierras en la localidad de González Catán. «Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”, agregó.

El primero en referirse a este tema fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuando planteó la restitución de un decreto del 2017 que se lanzó durante la presidencia de su primo Mauricio, mientras Bullrich también estaba al frente de Seguridad. Waldo Wolff, encargado de la misma área en la Ciudad, también respaldó el reclamo.

  Bullrich aseguró que el líder de la banda de Los Menores amenazó con “matar un fiscal”.

“Sólo en 2023, en la Ciudad sufrimos más de 4000 delitos, entre robos, hurtos, narcotráfico y violencia de género, a manos de extranjeros (sin nacionalidad regularizada)”, detalló el funcionario porteño a través de sus redes.

Por su parte, Guillermo Francos, ministro del Interior y una de las figuras más cercanas al presidente Milei, acompañó la petición y agregó que primero deberían “cumplir con la pena” que se les imponga y luego ser “expulsados del país con prohibición de reingreso”.

EL DECRETO 70

A principios de 2017, el ex mandatario Mauricio Macri firmó el Decreto 70, modificando así la Ley de Migraciones, que ahora se amparaba en la potestad del Estado para «decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”. Además, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para agilizar el proceso que prohibía el ingreso y la expulsión a quienes corresponda.

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Tan solo unos años después, en el 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, el decreto fue derogado bajo el argumento de que no trajo mejoras sustanciales en materia migratoria y que, por el contrario, “agravó exponencialmente la litigiosidad”..

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