La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada del PRO Sabrina Ajmechet, dictaminó ayer sobre un proyecto de ley que busca declarar al 20 de marzo como Día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la pandemia de Covid-19.
La iniciativa establece esa fecha por el día en que comenzó la cuarentena e implica colocar las banderas a media asta y que los establecimientos de educación primarios y secundarios, tanto de gestión pública como privada, organicen actividades conmemorativas.
A lo largo de este año la comisión estuvo recibiendo a familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la pandemia que decidieron brindar su declaración.
Ayer tuvo lugar la sexta reunión en la que se escuchó a distintas ONGs que trabajaron en informes sobre estas irregularidades o que también fueron víctimas de violaciones a derechos humanos.
Ajmechet, en alusión a esto,manifestó: “De esta manera, todos aquellos que sufrieron la pérdida de un ser querido como consecuencia de los abusos por parte del gobierno de Alberto Fernández van a tener un día para recordarlos”.
Participaron representantes de Padres Organizados, Estudiantes Organizados, Amnistía Internacional, CELS, y Movimiento Ciudadano 20M, entre otras organizaciones. Sin embargo, el bloque de Unión por la Patria no asistió a ninguna reunión ni firmó el dictamen de mayoría.
Según señala el proyecto de ley, “la gestión del manejo de la pandemia por parte del Gobierno nacional, conducido por Alberto Fernández, tuvo muchísimos puntos oscuros. Desde el primer decreto de aislamiento, se cercenaron derechos garantizados por la Constitución Nacional, como la libre circulación y el ejercicio lícito de la industria y el comercio. Además, se cerraron las escuelas, prohibiendo a los alumnos ejercer su derecho a la educación”.
En esa línea, suma: “Resuenan en nuestra memoria casos como el de Facundo Astudillo Castro, desaparecido y luego encontrado asesinado después de querer pasar un retén policial para ir a trabajar, o el de Solange Musse, quien no pudo tener una muerte digna al impedirle a sus familiares acompañarla en sus últimos días de vida. Ambos merecen el recuerdo de todos los argentinos”.
Ajmechet agregó: “Mientras los ciudadanos argentinos padecían las consecuencias del encierro, las autoridades nacionales realizaban fiestas en la residencia presidencial y adelantaban a sus conocidos en los tiempos de vacunación. Mientras se prohibió a los estudiantes asistir a las escuelas, Olivos fue una fiesta”.
