La Justicia resolvió que la causa por la compra de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, donde fueron hallados 54 vehículos de alta gama y que quedó vinculada a una investigación por presunto lavado de activos relacionado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), regrese a Campana y quede a cargo del juez federal Adrián González Charvay.
La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal pone fin a una disputa de competencia que atravesó distintos tribunales. Hasta ahora, el expediente se encontraba en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires.
El expediente había pasado inicialmente por el juzgado federal de Daniel Rafecas y luego había generado una disputa con la Justicia de Campana. Finalmente, tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, había quedado radicado en el fuero Penal Económico porteño.
Con la nueva resolución, González Charvay continuará la investigación. El magistrado ya había intervenido en otros expedientes relacionados con la AFA y había protagonizado conflictos de competencia con juzgados de la Ciudad para concentrar bajo su órbita investigaciones vinculadas con la entidad.
La defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, sociedad que figura como propietaria del inmueble, había solicitado que la causa fuera trasladada a Campana. Argumentó que la competencia territorial debía definirse por el lugar donde está ubicada la propiedad y cuestionó que el expediente permaneciera en la Ciudad.
El fiscal Mario Villar se había opuesto al planteo y había pedido que se mantuviera la causa en el fuero Penal Económico porteño. Sostuvo que la investigación no se limitaba a la compra del inmueble, sino que analizaba una presunta maniobra de lavado de activos de mayor alcance.
En ese sentido, Villar había señalado que Real Central SRL tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL. También destacó que la escritura de compraventa había sido firmada en un domicilio porteño.
El fiscal había mencionado además distintos puntos de la Ciudad que, según la hipótesis investigada, estarían relacionados con el circuito de fondos analizado, entre ellos financieras de la avenida Corrientes, un estudio jurídico de la calle Lavalle vinculado a Juan Pablo Beacon y la facturación de Recomi SA. También había señalado un domicilio de Montevideo y Quintana donde presuntamente se habría entregado efectivo.
La defensa había cuestionado lo que definió como “forum shopping”, al sostener que los denunciantes —Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe— habían elegido deliberadamente un fuero que consideraban favorable. Villar rechazó esa interpretación y sostuvo que el concepto no era aplicable al proceso penal argentino.
