Dos jueces del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires hicieron lugar al planteo de una mujer que denunció haber sido abusada por un funcionario público y nunca fue escuchada en los ámbitos judiciales. Con esta resolución la víctima tiene la posibilidad de que su denuncia para su ex jefe llegue a instancia de juicio oral. El silencio del Ministerio de Mujeres y Diversidades.
La mujer, cuyos datos se mantienen en reserva, según una causa penal que tramita en La Plata, fue víctima de abuso sexual por parte de un funcionario público provincial durante los primeros meses de gestión de Axel Kicillof. Llegó hasta el Tribunal de Casación bonaerense donde planteó que, en su caso, se violó la ley de víctimas, entre otras posibles vulneraciones, por lo que reclamó ser escuchada por funcionarios judiciales. Los jueces de Casación Daniel Carral y Ricardo Maidana le dieron la razón.
Los hechos denunciados por la trabajadora habrían ocurrido en el centro cerrado Almafuerte, ubicado en la localidad de Abasto. Según indicó, fue abusada en febrero del año 2020 por el director de esa institución, que depende del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Andrés Larroque.
La mujer denunció inmediatamente lo sucedido ante otro director (amigo del denunciado) y pidió el pase de lugar de trabajo. Se lo dieron inmediatamente. Recién en octubre de ese año, en medio de una asamblea que se desarrollaba en el organismo central, la mujer contó a una chica lo padecido, siendo acompañada por ella a denunciar el abuso. Su abogado llevó el caso ante el Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, pero la respuesto fue el silencio, confirmó la víctima en diálogo con Borderperiodismo.
HORROR EN TRIBUNALES
La primera declaración de la joven fue en la sede policial de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, donde narró lo sufrido. Lo hizo en las peores condiciones psicológicas.
Un año después, ya en 2021, le llegó el correo de una psicóloga para concurrir a la Asesoría Pericial, donde la evaluaron y determinaron que su relato era coherente y veraz. Pese a ello, la fiscalía pidió el sobreseimiento del acusado. El juez de Garantías se opuso, pero el fiscal general Héctor Vogliolo sostuvo el sobreseimiento sin que nada le notificaran a ella. Se archivó la causa y tampoco le notificaron esa decisión.
EL RECURSO EN CASACIÓN
En su presentación, la mujer señaló que "jamás tuve información del contenido de las actuaciones. Nunca se me informó sobre el estado de la causa, la posibilidad de ofrecer medidas, la posibilidad de volver a declarar, ampliando y aclarando circunstancias, ser oída, ni fui llamada para asistir a la sede de la Fiscalía ni al Juzgado de Garantías interviniente. Debiendo resaltar al respecto, que de la lectura de la pericia psicológica que me fuera realizada, se desprende que debió haber una intervención interdisciplinaria".
La víctima cuenta con la asistencia del abogado Ignacio Fernández Camillo quien aseveró en el documento judicial que "la omisión manifiesta de notificar a la víctima de la marcha del proceso y su conclusión, sea por el dictado de sobreseimiento judicial o el archivo fiscal, fulminó toda posibilidad de ejercer sus derechos como víctima, ocasionando una grave lesión a derechos y garantías de forma irreparable".
Luego de hacer un puntilloso análisis del caso la víctima, mediante su letrado, requirió que "en el caso de compartir los argumentos sostenidos por esta parte (…), solicitamos que este Tribunal asuma competencia positiva y resuelva directamente sobre el recurso de Casación", se reabra la investigación y, además, "se otorgue lugar a mi pedido de constitución de particular damnificada" en el proceso.
CALVARIO JUDICIAL
La mujer no solo que no encontró justicia por su abuso sexual (una pericia determinó que tiene síntomas compatibles con los de abuso) sino que, además, fue querellada por el abusador, pero la justicia en lo Correccional dictó la absolución de la denunciante, quien junto a sus abogados da pelea para reabrir su denuncia por abuso sexual contra un exfuncionario público.
Durante el juicio, "el querellante pidió pericia psicológica a mi asistida, la hizo revivir todo nuevamente y luego desistió de la prueba porque le fue contraria; lo mismo con el sumario administrativo donde se dispone la cesantía del acusado, lo pidió y luego para el debate lo desistió", expresó el abogado Fernández Camillo, quien junto a la abogada Solange Barnetche Alonso y el letrado Andrés Noetzly asistieron a la víctima, con quien el Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires nunca se solidarizaron ni expresaron su apoyo.
Pese a que la abogada del querellante desistió de ingresar como prueba el sumario administrativo donde se dispuso el cese en su cargo del exfuncionario denunciado por abuso, la defensa de la mujer logró imponerse y ese acto administrativo forma parte del caudal probatorio.
En su alegato la abogada del querellante Juan Alberto Serrano, alias "Zapatilla" y presunto abusador, solicitó como condena dos años de prisión en suspenso y una multa de veinte mil pesos, pero los defensores recordaron que en el año 2009 se derogó la pena de cárcel para los delitos de calumnias e injurias, sostuvieron un pedido de absolución para su asistida y que las costas del proceso recaigan sobre el querellante ya que la mujer fue "sometida a un proceso de revictimización institucional y sufre de trastorno postraumático".
El pedido de absolución prosperó, pero la víctima necesita que la Justicia de una respuesta a su planteo central: quiere ser escuchada y que su denuncia llegue a la etapa de juicio oral.
