El escenario más temido para los protagonistas de esta trama finalmente ocurrió. La justicia dictó la prisión preventiva para el ex concejal massista Facundo Albini y su padre Claudio por los delitos de “asociación ilícita” y “fraude a la administración pública”. Con esta medida el juez avaló, hasta acá, la investigación de la fiscal, pero deslizó un posible norte a seguir en la investigación en curso, según se desprende de la resolución judicial a la que accedió Borderperiodismo. Por esta causa ya tiene prisión preventiva confirmada el puntero del Frente Renovador, Julio Segundo “Chocolate” Rigau, procesado por los mismos delitos.

Guillermo Atencio es el titular del Juzgado de Garantías 1 de La Plata y fue quien hizo lugar a la medida restrictiva de la libertad requerida por la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 2 de La Plata. En esa fiscalía tramita el expediente que, como nunca, sacó a la luz y puso en evidencia una deleznable apropiación del dinero de los contribuyentes, de la sociedad, para sostener estructuras militantes y enriquecer a dirigentes políticos.

El juez dio por probado que “aproximadamente desde mes de enero de 2021 y hasta la actualidad, cuanto menos tres personas del sexo masculino –uno de ellos SubDirector de Personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, otro su hijo y un contratado por dicha institución-integraron una organización que de modo habitual y permanente mediante acuerdo tácito o expreso, tenían el propósito de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en forma reiterada”.

Para consumar la empresa criminal “contaron con la participación necesaria de cuarenta y ocho personas, quienes, durante los años 2021, 2022 y 2023 suscribieron contratos de locación de servicios con la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por un salario que a la actualidad asciende a quinientos ochenta mil pesos mensuales, sin que desempeñaran labor alguna a cambio de la remuneración percibida”, se detalla en el documento judicial.

Una vez confeccionados los contratos y obtener la tarjeta de débito “algunas de esas personas hicieron entrega de las mismas a Julio Segundo Rigau –quien también suscribió contrato de locación de servicios- y otras fueron recibidas por Claudio Gustavo Albini para luego, el primero de los nombrados proceder a extraer el dinero de manera periódica a través de cajeros automáticos, generando de ese modo un falso cobro de haberes”.

Una vez obtenido el dinero era rendido ante Claudio Albini “quien le daba un destino diferente al que originariamente tenia, sea para beneficio propio o de terceros, logrando de tal forma defraudar a la administración pública ocasionando un perjuicio en las arcas del Estado por una suma que supera los ochocientos millones de pesos”.

Así el juez Atencio describió cómo era la maniobra para apoderarse de millones de pesos. En esa faena estaba Rigau el pasado 9 de septiembre cuando fue descubierto vaciando cuentas en una línea de cajeros automáticos que el Banco de la provincia de Buenos Aires posee a menos de cien metros de la Cámara de Diputados bonaerense, donde se generaron los contratos a falsos empleados que a cambio recibían el servicio de la obra social IOMA y una futura jubiliación del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires.

“La plata de la política»

El magistrado garante fue más allá en su resolución y le marcó a la fiscal un camino a explorar. El magistrado considera que le investigación debe seguir de manera ascendente en la trama de responsabilidades. En criollo, le pidió que siga para arriba y dejó expuesta su “discordancia con la dimensión de la estructura de la banda organizadora de los saqueos a las cuentas públicas”. Para la fiscal Claudio Albini es el “jefe” de la asociación ilícita, pero el juez señaló que no le resulta “razonable” que “ello pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones y a quien ni siquiera pertenece a la planta funcional legislativa”.

Atencio consideró que “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se le concedía los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturalizase como la ‘plata de la política’”.

Este tramo de la resolución se puede leer como un alivio para los abogados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, quienes asisten a los Albini. El juez considera que Claudio Abini no sería el jefe de la asociación ilícita, situación que a futuro lo deja en mejores condiciones para una eventual medida menos grave en lo que respecta a su encierro.
Los letrados ya trabajan en el recurso que presentarán ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata que volverá a analizar el expediente y deberá determinar si confirma o no la prisión preventiva dictada.

«Lo que viene»

Esta causa penal que generó estrépito social promete generar nuevos cimbronazos en la políticia bonaerense. Tal como anticipó Borderperiodismo la investigación no se ciñe solamente al ámbito de la cámara baja provincial. Aparecieron indicios de maniobras similares en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y en la Municipalidad de La Plata durante la gestión del ex intendente Julio Garro (Juntos por el Cambio-PRO).

La causa no se detendrá por la feria judicial. La fiscal cuenta con información sensible como identidades de más involucrados que mantendrá en estricta reserva hasta que logre determinar si existen responsabilidades penales de esas personas.

Mucha de esa información se obtuvo en base a la pericia realizada al teléfono celular de “Chocolate” Rigau y a la documentación enviada por el Banco de la provincia de Buenos Aires entidad que “se mostró muy colaborativa con la investigación”, detallaron fuentes judiciales ante la consulta de este medio.